Redacción
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que este martes 17 de marzo enviará al Congreso de la Unión la iniciativa conocida como Plan B de la reforma electoral, cuyo objetivo central consiste en reducir gastos dentro de los órganos legislativos y en los partidos políticos.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la propuesta busca modificar la forma en que se distribuyen los recursos en los congresos locales, el Senado de la República y los cabildos municipales, con la finalidad de disminuir costos y redirigir esos fondos hacia necesidades públicas.
“Hay un acuerdo para presentar lo que tiene que ver con la reorientación del presupuesto que hay en los congresos locales, en el Senado de la República y la cantidad de regidores, para que ese recurso se quede en los municipios y estados”, señaló.
La presidenta sostuvo que uno de los ejes de la propuesta consiste en reducir privilegios dentro de la clase política, al señalar que existen diferencias significativas en el gasto legislativo entre entidades federativas con estructuras similares.
“Un congreso de un estado tiene 25 diputados, otro también 25 y, sin embargo, uno tiene un monto por diputado de 39 millones de pesos y otro de 5 millones; es un exceso”, afirmó.
De acuerdo con lo expuesto, los recursos que se liberen con los ajustes presupuestales no se concentrarían en el gobierno federal, sino que permanecerían en estados y municipios para financiar obras públicas y servicios básicos como pavimentación, mantenimiento urbano, agua potable y drenaje.
Sheinbaum Pardo indicó que la propuesta forma parte de los cambios que su administración ha planteado en materia electoral, luego de que la semana pasada una iniciativa previa no logró avanzar en el Congreso por falta de acuerdos políticos.
Según estimaciones presentadas durante la conferencia, la reducción del presupuesto destinado a legisladores locales podría generar un ahorro cercano a cuatro mil millones de pesos, recursos que, en caso de aprobarse la reforma, se destinarían obligatoriamente a proyectos de infraestructura y servicios en las entidades federativas.
