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Por Ricardo Sevilla

Durante décadas, la alta burocracia mexicana operó bajo un sistema de privilegios que blindaba su retiro con cifras astronómicas, mientras el sistema de pensiones general (Ley 97) condenaba a la mayoría a una vejez precaria. El responsable de esa atrocidad fue un tipo llamado Ernesto Zedillo, expresidente priísta, para más señas.

De ahí la importancia de la reforma que propone la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto. ¿Qué plantea? Reformar el Artículo 127 constitucional, que no es solo un ajuste contable, sino el firme intento de desmantelar una casta financiera que reptaba dentro del Estado.

Pero le digo más, ya sabe usted que me gustan los datos duros.

Y es que la proyección de un ahorro de 5,000 millones de pesos anuales, como propone la iniciativa, no es trivial. Fíjese: para ponerlo en perspectiva, esa cifra equivale a la construcción de aproximadamente 10 hospitales generales de alta especialidad o al presupuesto anual de varios programas de infraestructura básica en zonas rurales.

A diferencia de lo que dicen los comentócratas de la derecha, lo cierto es que esta iniciativa no busca afectar a los extrabajadores sindicalizados, quienes continuarán con sus prestaciones debido a contratos colectivos.

¡Pensar así es un babosada!

Y es que el conflicto central no es con el trabajador de base, cuyos derechos estarían protegidos por contratos colectivos y el apartado B del artículo 123. El objetivo real son las infames pensiones que exceden el tope salarial presidencial.

En la derecha siempre ha existido una ruptura total entre la realidad y la burbuja de privilegios en la que habitan. No entienden que la realidad de un pensionado promedio (que sobrevive con una fracción de su último sueldo) y el exfuncionario que, desde la cúpula del retiro, recibe cientos de miles de pesos.

No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, pero tampoco jubilados millonarios con trabajadores precarios.

Dejémonos de tonterías: la austeridad no es una opción administrativa, es un imperativo moral.

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