Por Diana Sánchez Barrios
Son del dominio público una infinidad de videos que muestran las agresiones, insultos homofóbicos y amenazas discriminatorias de las que fueron objeto el pasado viernes, los comerciantes del espacio público en la Avenida Ribera de San Cosme por parte de los principales representantes de la Alcaldía Cuauhtémoc. Esta actitud represiva incluyó el allanamiento de propiedad privada por lo que estas acciones ilegales han sido ya denunciadas ante las autoridades competentes. La confrontación fue encabezada y transmitida en vivo en redes sociales por la propia edil de la demarcación, quien además fue acompañada y protegida por decenas de funcionarios y agentes de seguridad pública. Este hecho intolerante y arbitrario tenía el objetivo central y explícito de retirar por la fuerza a los comerciantes de esa zona interrumpiendo, con ello, una actividad de auto subsistencia que es muy importante para la gente y sus familias en estos tiempos de desempleo y precariedad económica.
El estilo, los modos y los métodos utilizados por Alessandra Rojo de la Vega recuerdan mucho a aquellos que frecuentemente se usaban durante los viejos tiempos autoritarios, donde a los problemas económicos y reclamos sociales legítimos se les respondía invariablemente con la represión, la violencia y la cárcel. La titular de la Alcaldía arremetió en contra de los trabajadores en la vía pública quienes recientemente habían sido reubicados de la glorieta de Insurgentes a San Cosme, producto del diálogo y el consenso alcanzado entre las autoridades y los comerciantes populares.
Estas acciones representan un preocupante retroceso en el respeto a los derechos humanos y al derecho al trabajo digno, honrado y responsable. Los operativos realizados siempre siguen la misma pauta: decomiso arbitrario de mercancías, uso desproporcionado de la fuerza pública y ausencia de notificaciones o procedimientos administrativos claros. Esta forma de actuar de la alcaldesa de Cuauhtémoc evidencia actos de ilegalidad que vulneran los principios del debido proceso, de la proporcionalidad y de la seguridad jurídica.
Lejos de privilegiar el diálogo democrático y la concertación, estas acciones violentas colocan a cientos de personas y sus familias en una situación de incertidumbre y desprotección.
El impacto económico y social de estas prácticas de una administración intolerante, represora e insensible ha sido profundo. Para muchas personas dedicadas al comercio popular, la venta en la vía pública constituye su principal –y en muchos casos única- fuente de ingresos. La pérdida de mercancía y la interrupción de sus actividades afectan directamente la alimentación, la educación y la estabilidad cotidiana de sus hogares.
Además, las irreflexivas prácticas de la alcaldesa erosionan el tejido comunitario que históricamente ha dado vida y dinamismo a la zona, afectando no solo a quienes comercian y dependen de esta economía de proximidad, sino también a los consumidores quienes necesitan cotidianamente los productos que ofrece el comercio popular.
La política pública en materia de derecho a la ciudad debe sustentarse en la legalidad, el respeto a la dignidad humana y en el reconocimiento del comercio popular como una forma legítima de trabajo. Criminalizar la subsistencia no resuelve los desafíos urbanos, por el contrario, profundiza las desigualdades económicas y sociales, al tiempo que debilita la cohesión comunitaria. Por ello reafirmo, que seguiré trabajando en favor de estos sectores vulnerables y que próximamente estaré presentando ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México, una serie de acciones legislativas incluyentes, cooperativistas y con profunda tutela de los derechos sociales de estos importantes sectores del comercio en la vía pública, para protegerlos de autoridades insensibles y sedientas de protagonismo digital
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