Ejército, CEDHNL, ONU y prensa internacional exhiben pasado negro y falta de investigaciones contra alcalde de Monterrey; Edil rechaza acusaciones
Juan R. Hernández
Ciudad de México.- 240 recomendaciones por tortura, una presunta “narconómina” recuperada por el Ejército en 2009, 10 millones de pesos en contratos municipales a una firma ligada a una red del Cártel de Sinaloa y transferencias por más de 104 millones a Vector Casa de Bolsa, señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado para cárteles, forman parte del cúmulo de documentos, informes oficiales y publicaciones periodísticas que han colocado al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, bajo la lupa.
De acuerdo con documentos del Ejército difundidos por el sitio https://narcopoliticos.com/project/adrian-delagarza/, tras un enfrentamiento con Los Zetas en 2009 se aseguró una libreta con pagos a funcionarios. En esa lista aparecían el entonces procurador Luis Carlos Treviño y Adrián de la Garza, en ese momento director de Averiguaciones Previas. La investigación quedó en manos de los propios señalados.
En 2016, el diario español El País publicó informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de España, derivados del caso de Juan Manuel “El Mono” Muñoz, operador financiero de Los Zetas. Las intervenciones telefónicas apuntaban a una presunta cercanía con procuradores mexicanos, entre ellos De la Garza, quien negó los señalamientos y amagó con demandar.
Durante su gestión como procurador (2011-2015), la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León emitió 240 recomendaciones por casos de tortura. El Relator Especial de la ONU sobre la tortura, Juan E. Méndez, señaló en su informe de 2014 que no se le permitió ingresar a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones en Nuevo León, pese a múltiples denuncias.
En el ámbito financiero, investigaciones periodísticas revelaron que el municipio de Monterrey adjudicó contratos por 10 millones de pesos a la empresa Prestadora de Servicios Murata. Según la FGR, dicha firma formaría parte de una red vinculada al operador financiero del Cártel de Sinaloa, responsable de lavar hasta 6 mil 100 millones de pesos. Posteriormente, Murata transfirió más de 104 millones de pesos a Vector Casa de Bolsa, institución sancionada por FinCEN.
Las acusaciones han sido rechazadas por el edil, quien sostiene que se trata de ataques políticos. Sin embargo, los documentos del Ejército, las recomendaciones de la CEDHNL, el informe de la ONU y publicaciones de prensa nacional e internacional mantienen abierto el debate sobre su trayectoria y las sombras que lo persiguen.
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