Torreón, Coahuila.– La imagen es clara. El diputado local de Morena en Coahuila, Antonio Attolini Murra, posa sonriente junto a Diego Rivera Navarro, hoy recluido en el penal federal del Altiplano acusado de secuestro y tortura. Lo que no es claro —hasta ahora— es la explicación del legislador.
Rivera Navarro enfrenta prisión preventiva oficiosa por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad del entonces precandidato de Morena a la alcaldía de Tequila, Guillermo Cordero García, y de su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, en marzo de 2021. Según la Fiscalía General de la República, el objetivo habría sido obligarlos a renunciar para despejar la ruta política del propio Rivera.
La gravedad de las acusaciones —que incluyen tortura y presuntos vínculos de funcionarios municipales con el crimen organizado— contrasta con la tibieza de la respuesta del diputado coahuilense.
Ante el cuestionamiento directo, Attolini optó primero por el “sin comentarios”. Después, reconoció que la fotografía es auténtica y prometió una respuesta “contundente” en defensa de su integridad, aunque sin ofrecer contexto, deslinde o explicación alguna sobre la naturaleza de su relación con el exalcalde hoy procesado.
El problema no es la fotografía en sí. En política, las imágenes abundan. El problema es la ausencia de claridad cuando uno de los protagonistas aparece ligado a un caso judicial de alto impacto. En un partido que ha hecho de la “autoridad moral” y la “honestidad valiente” su bandera discursiva, el silencio se vuelve ruido.
Si bien una foto no implica responsabilidad penal ni conocimiento previo de los hechos, sí abre cuestionamientos legítimos sobre los criterios políticos, las alianzas y los respaldos construidos al interior del movimiento. Más aún cuando se trata de un caso donde un juez federal consideró suficientes los elementos para dictar prisión preventiva.
Attolini aseguró que el pueblo de Torreón puede confiar en que el tema se resolverá “con apego a derecho”. Sin embargo, lo que hoy se exige no es una resolución jurídica —que corresponde a los tribunales— sino una explicación política.
La situación jurídica de Rivera Navarro se definirá en los próximos días. La posición pública de Attolini, en cambio, ya comenzó a definirse desde su silencio.
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