Elio Henríquez/La Jornada/San Cristóbal de Las Casas, Chis. – El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), denunció “agresiones físicas y amenazas de muerte” en contra de Poulette Celene Hernández, defensora de derechos humanos en el municipio de Tonalá, situado en la costa de Chiapas, por lo que pidió a las autoridades mexicanas que “adopten medidas de protección urgentes, efectivas y concertadas para garantizar su vida, integridad física y seguridad personal”.En una “acción urgente”, dijo que Hernández es abogada y defensora de derechos humanos que “coordina trabajo con mujeres en la región costa de Chiapas, acompañando a víctimas de violencia y fortaleciendo procesos de formación en derechos humanos de las mujeres, salud comunitaria y agroecología”.Agregó que “su labor se desarrolla en contextos de alta vulnerabilidad y riesgo para personas defensoras. En días recientes se ha denunciado los intentos de despojo por parte del Corredor Interoceánico, al igual que la colusión entre grupos delictivos con autoridades en la región”.
Manifestó que “los hechos recientes evidencian un patrón de hostigamiento y riesgo elevado, lo que genera preocupación urgente por su vida, integridad física y seguridad personal”.
Explicó que el 8 de febrero a las 17.00 horas, aproximadamente, “tres personas —dos mujeres y un hombre— acudieron a su domicilio ubicado en la colonia Democrática Chiapaneca, de Tonalá, exigiendo que saliera del inmueble. Posteriormente, comenzaron a insultarla, amenazarla y agredirla físicamente con violencia, constituyendo un ataque directo contra su integridad”.
Señaló que el 7 de febrero a las 22:00 horas, aproximadamente, “cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas llegaron al exterior de su domicilio solicitando hablar con ella. Al observar la presencia de otras personas dentro de la vivienda, se retiraron no sin antes amenazar con regresar, configurando actos previos de intimidación”.
Afirmó que “existe una denuncia penal registrada bajo el número de atención 070-2026, radicada en la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Región Istmo Costa”, por lo que solicitó que “se actúe con debida diligencia, y se logre sancionar la conducta violenta y desproporcionada en contra de la defensora”.
El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, demandó que se implementen medidas de seguridad en su domicilio y entorno, incluyendo vigilancia preventiva y mecanismos de reacción inmediata y que “se investiguen los hechos con debida diligencia, perspectiva de género y enfoque diferenciado para personas defensoras, asegurando la judicialización del expediente 070-2026 y la sanción a los responsables”.
Asimismo, que “se reconozca públicamente la labor legítima de defensa de derechos humanos realizada por la víctima y se abstengan de cualquier acto de criminalización o estigmatización”, además de que “se coordinen acciones con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal”.
