Analizó la auditoría federal los gastos de los recursos que fueron asignados para seguridad, pero la adquisición no contó con facturas, ni una evidencia física
REDACCIÓN
Ciudad de México. – Entre las irregularidades que dejó el actual legislador y exgobernador de Tabasco (2019-2021), Adán Augusto, se encuentra la presunta adquisición de municiones con fondos asignados para fortalecer labores de seguridad, ya que una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó la presunta simulación de este tipo de compra.
A través de la auditoría 1212-GB-GF que la ASF aplicó a los gastos que hizo el gobierno de Tabasco durante 2019, se revisó la distribución de los recursos públicos que la cuenta federal le asignó como parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de los Estados y del Distrito Federal por cerca de 196 millones de pesos. El presupuesto fue destinado a partidas como el desarrollo policiaco, combate a delitos de alto impacto, búsqueda de personas y equipamiento.
En esta última partida se ejercieron 21 documentos de adquisición que implicaron el gasto de 89 millones de pesos. Uno de estos expedientes correspondió a un presunto convenio de “Colaboración interinstitucional para la adquisición de municiones con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”. A través de este acuerdo se acordó el pago de 1 millón 386 mil pesos, que solamente desaparecieron de la cuenta pública, pero no hubo rastro sobre este intercambio de municiones con la Sedena, ni el reintegro de recursos no aclarados.
De acuerdo con la auditoría tras la revisión “el Gobierno de Tabasco no proporcionó la factura que justifique y acredite el gasto realizado con recursos del FASP 2019 por la adquisición de municiones; asimismo, la SEDENA no ha entregado las municiones”.
Este caso se anota como una de las primeras irregularidades de Augusto López al inicio de su gobierno en Tabasco, administración que actualmente es cuestionada a nivel nacional, principalmente en la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco que encabezó Hernán Bermúdez. Este funcionario en 2025 fue buscado y capturado por ser identificado como presunto líder del grupo delictivo La Barredora, que según las autoridades, tiene relación con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En la misma investigación de la Auditoría, el gobierno de Tabasco fue señalado de que en 2019 destino pocos recursos para el fortalecimiento del sistema penitenciario y de medidas para adolescentes, fortalecimiento al combate a delitos de alto impacto, al sistema de llamadas de emergencias y denuncias ciudadanas, además de la especialización de instituciones encargadas de la búsqueda de personas.
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