REDACCIÓN
El Oro quedó bajo la lupa institucional por razones que van más allá de una revisión de rutina. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México determinó aplicar una doble auditoría al ayuntamiento, un procedimiento poco común que coloca a la administración municipal en el centro de los cuestionamientos por su desempeño y el manejo de los recursos públicos.
La revisión abarcará dos frentes clave de la cuenta pública 2025: la inversión en obra pública y el cumplimiento financiero. En términos prácticos, el OSFEM verificará si las obras reportadas existen, si fueron ejecutadas conforme a contrato y si los recursos asignados se ejercieron sin irregularidades. De manera paralela, se analizará el uso del presupuesto municipal para detectar posibles desvíos, subejercicios o decisiones contrarias a la normatividad.
Este nivel de escrutinio solo se aplica a un reducido grupo de municipios en la entidad, lo que coloca a El Oro en una posición incómoda y políticamente delicada. La auditoría también alcanzará al organismo operador de agua potable, un servicio estratégico para la población y uno de los más sensibles por su historial de fallas, carencias e inconformidades sociales.
Bajo el gobierno de Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, el municipio ha acumulado reclamos por obras inconclusas, servicios deficientes y una percepción creciente de desorden administrativo. Para las familias, estas fallas no son cifras en un informe: se traducen en calles deterioradas, problemas de abasto y una gestión municipal sin rumbo claro.
La doble auditoría no solo evalúa números y expedientes; exhibe una falta de pericia política y de capacidad de gobierno. Es la consecuencia directa de decisiones mal tomadas y de una administración que hoy enfrenta el juicio más severo: el de la fiscalización pública y el reclamo social acumulad
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