REDACCION
GRUPO CANTÓN
Ante el avance sostenido de la inseguridad en Toluca, el gobierno municipal optó por sumarse a un operativo intermunicipal como respuesta a la presión social. El despliegue, que involucró a corporaciones de nueve municipios vecinos, así como al Ejército, Guardia Nacional y policía estatal, fue presentado como un esfuerzo coordinado; sin embargo, para amplios sectores ciudadanos representa la confirmación de que la administración de Ricardo Moreno Bastida carece de una estrategia propia para enfrentar la crisis delictiva.
Mientras funcionarios municipales destacaban el arranque del operativo, en colonias como San Bernardino, San Cristóbal Huichochitlán y San Javier persiste la percepción de abandono. Vecinos denuncian que los robos, asaltos y extorsiones se han vuelto recurrentes, sin que la policía municipal logre contenerlos. “Los operativos aparecen cuando el problema ya se desbordó. Antes nadie patrullaba”, reclamó un habitante del centro histórico.
La narrativa oficial de coordinación contrasta con la realidad cotidiana de las familias, que exigen resultados y no despliegues esporádicos. Para muchos, la presencia de fuerzas federales subraya la debilidad del gobierno local para garantizar seguridad básica. Lejos de transmitir control, el operativo es leído como una medida reactiva para contener la crítica pública ante el incremento delictivo.
La problemática de fondo es política y estructural. Toluca enfrenta una crisis de seguridad que no se resuelve con actos protocolarios ni fotografías institucionales. La ciudadanía cuestiona que, bajo el mando de Ricardo Moreno Bastida, la prevención y la presencia policial constante hayan sido sustituidas por respuestas tardías. La inseguridad no se combate con banderazos, sino con una estrategia sostenida que, hasta ahora, no se refleja en las calles de la capital mexiquense.
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