Redacción
El proceso judicial por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk incorpora una nueva controversia en Utah, luego de que la defensa de Tyler Robinson solicite la descalificación de los fiscales del condado por un presunto conflicto de intereses. El acusado enfrenta cargos por el ataque ocurrido el 10 de septiembre en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en la ciudad de Orem, y tiene programado regresar a la corte este viernes en Provo.
La fiscalía del Condado de Utah mantiene su intención de solicitar la pena de muerte en caso de una eventual condena. Robinson no presenta aún una declaración formal de culpabilidad. La defensa centra su estrategia en la participación indirecta del hijo de 18 años de un fiscal adjunto del condado, quien asiste al evento público donde Kirk recibe los disparos. Tras los hechos, el joven envía mensajes a su padre para relatar el ambiente de confusión generado por el tiroteo.
Los abogados de Robinson sostienen que ese vínculo personal compromete la imparcialidad del equipo acusador y cuestionan las decisiones adoptadas por la fiscalía, incluida la rapidez con la que impulsa la pena capital. Desde esa perspectiva, la defensa plantea que las circunstancias generan dudas sobre la objetividad del proceso y solicita que todo el equipo fiscal sea apartado del caso.
El evento donde ocurre el ataque congrega a miles de personas y forma parte de una manifestación al aire libre encabezada por Kirk, cofundador de Turning Point USA y figura destacada en la movilización de jóvenes conservadores. De acuerdo con documentos judiciales, el hijo del fiscal adjunto no presencia directamente el momento del disparo y su conocimiento de lo ocurrido se basa en lo que observa después y en información compartida por terceros.
La fiscalía rechaza la petición de descalificación y solicita al juez de distrito Tony Graf que la niegue. Desde su postura, no existe un riesgo real de que factores emocionales influyan en el manejo del caso y se subraya que el joven no actúa como víctima ni como testigo clave. También se señala que la mayor parte de la información que posee sobre el homicidio carece de relevancia probatoria directa.
El expediente judicial incluye referencias a mensajes de texto y pruebas de ADN que, según la fiscalía, vinculan a Robinson con el crimen. En paralelo, la defensa impulsa medidas para limitar la cobertura mediática del proceso. El juez Graf establece restricciones a la difusión de imágenes y videos que muestren al acusado con ataduras, con el objetivo de resguardar la presunción de inocencia, aunque aún no define si autoriza o no cámaras dentro de la sala.
La audiencia preliminar, en la que los fiscales exponen formalmente su caso contra Robinson, queda programada para iniciar el 18 de mayo, en un contexto marcado por la atención pública y el debate sobre la imparcialidad del proceso judicial.
