Por Juan R. Hernández
En la política capitalina conviven dos realidades que, aunque parecen opuestas, revelan el mismo fondo: la urgencia de que el poder público actúe con responsabilidad, transparencia y sin simulaciones. Esta semana, el Congreso de la Ciudad de México ofreció una postal de ambas caras.
Por un lado, el discurso institucional en torno al Refugio Franciscano. Legisladores de Morena, PT y PVEM anunciaron con énfasis que la Comisión de Bienestar Animal visitará los espacios donde hoy se encuentran los animales rescatados. Se habló de transparencia, de amor por los “seres sintientes”, de medicamentos garantizados, alimento, adopciones y hasta de una futura legislación construida mediante parlamento abierto. El mensaje fue claro: no hay nada que ocultar y el bienestar animal está por encima de cualquier litigio inmobiliario.
La narrativa es correcta y, en el papel, incluso esperanzadora. Reconocer la labor de rescatistas, abrir la puerta a donativos, legislar con participación ciudadana y evitar la politización de una causa noble suena a lo que debería ser una política pública madura.
El reto, como siempre, será que los hechos acompañen a las palabras. Porque en temas tan sensibles, la congruencia es la única moneda válida.
Pero mientras en un flanco se habla de cuidado, en otro la ciudad exhibe su rostro más crudo. En Azcapotzalco, el diputado panista Ricardo Rubio puso sobre la mesa denuncias que hielan la sangre: vecinos que acusan extorsiones, cobro de piso, desapariciones y asesinatos, presuntamente cometidos con la complicidad de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ligados al crimen organizado. Aquí no hay discursos amorosos ni llamados a la adopción, sino miedo, hartazgo y abandono.
Rubio exige acción a la alcaldesa Nancy Núñez y al secretario de Seguridad. No pide milagros, pide lo mínimo: investigar, separar del cargo y, si corresponde, llevar ante la justicia a quienes traicionaron el uniforme.
Porque una cosa es tolerar al “policía corruptillo” y otra muy distinta permitir que el crimen opere desde dentro del Estado.
Al final, ambos temas se cruzan en un mismo punto: la obligación del gobierno de proteger la vida, sea la de un animal rescatado o la de un vecino que ya no puede dormir tranquilo.
La ciudad no necesita más discursos bien intencionados; necesita autoridad que actúe, dé la cara y no deje solos a quienes hoy alzan la voz.
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