La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) denunció que los incidentes en la Línea Z han sido constantes, con descarrilamientos y afectaciones graves tras las lluvias de 2024 y 2025
Redacción
Grupo Cantón
Ciudad de México.- El accidente ferroviario ocurrido en el tramo Mogoñé-Salina Cruz del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec dejó un saldo de 13 personas fallecidas, un centenar de heridos y contratos por más de 939 millones de pesos vinculados a constructoras de la familia Hank González, cabeza histórica del Grupo Atlacomulco. La tragedia volvió a poner bajo escrutinio la calidad de las obras realizadas en la Línea Z, considerada estratégica para el proyecto interoceánico.
Grupo La Peninsular, filial de Grupo Hermes, aseguró que no participó en el tramo siniestrado. Sin embargo, en marzo de 2020 recibió junto con Caltia y Ferroviarias Industriales del Norte un contrato por 939 millones 561 mil pesos para corregir 56 kilómetros de curvatura y pendiente y rehabilitar 146.3 kilómetros de vía férrea.
La Auditoría Superior de la Federación confirmó la ejecución de la obra sin irregularidades, aunque otras constructoras como COMSA Infraestructuras y Grupo Constructor Diamante obtuvieron contratos adicionales por mil 280 millones de pesos en 2020 y 2022.
La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) denunció que los incidentes en la Línea Z han sido constantes, con descarrilamientos y afectaciones graves tras las lluvias de 2024 y 2025, lo que obligó a suspender el servicio de carga y reducir el pasaje a solo dos corridas semanales.
El Grupo Hermes es dirigido por Carlos Hank González, nieto del profesor Hank, presidente de Banorte y figura cercana a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, además de participar en reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el Plan México 2024-2030.
La organización PODER recordó que la familia Hank ha sido señalada en los Papeles de Panamá y por agencias de inteligencia de Estados Unidos por presuntos vínculos con corrupción y lavado de dinero, aunque nunca ha enfrentado condenas.
Las comunidades indígenas exigieron al Gobierno federal una investigación profunda sobre la calidad de los trabajos y sanciones a empresarios y funcionarios responsables, incluyendo a la empresa ABCD Arquitectura, acusada de adeudos con trabajadores y proveedores locales desde 2024.
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