Zona montañosa acumula 141 desapariciones en el 2025; autoridades capitalinas minimizaron el caso al sugerir una ausencia voluntaria, lo que retrasó la investigación casi tres meses
JUAN R. HERNÁNDEZ
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- En la alcaldía Tlalpan, particularmente en la zona montañosa del Ajusco, la desaparición de personas se ha convertido en una crisis sostenida: 141 personas fueron reportadas como desaparecidas en 2025, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), cifra que se suma a alrededor de 300 casos acumulados de años anteriores que continúan sin resolverse, según activistas y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.
En este contexto, a más de cinco meses de la desaparición de Ana Ameli García Gámez, ocurrida el 12 de julio tras una caminata en el Ajusco, sus padres denunciaron omisiones, dilaciones y revictimización por parte de autoridades capitalinas, lo que los obligó a recurrir a instancias internacionales ante la falta de avances.
El caso de la estudiante de la UNAM se ha convertido en símbolo de la falta de resultados, pese a los operativos de búsqueda implementados. Colectivos como Una Luz en el Camino advierten que los protocolos suelen activarse tarde y que las labores en zona montañosa carecen de inversión tecnológica y personal especializado.
En entrevista con Diario Basta, Vanesa Gámez, madre de Ana Ameli, informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para su hija, con base en el artículo 25 de su reglamento, a fin de que el Estado mexicano redoble esfuerzos para determinar su paradero y garantizar su vida e integridad personal. La resolución también exige un plan integral de búsqueda con enfoque de género, atender las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y mantener comunicación constante con la familia.
Gámez reprochó que, pese a las acciones urgentes emitidas por la ONU desde septiembre, las autoridades minimizaron el caso al sugerir una ausencia voluntaria, lo que retrasó la investigación casi tres meses.
Por su parte, Ricardo García, padre de la joven, afirmó que acudieron a la CIDH tras presentar quejas ante la ONU, la CDHCM y órganos internos de la fiscalía sin resultados. “Si no se presiona desde fuera, las instituciones no actúan”, sostuvo.
La familia alertó que en el Ajusco se han documentado más de 100 desapariciones en los últimos 8 a 10 años, sin respuestas efectivas, situación que legisladores de oposición también han calificado como una omisión grave de las autoridades locales.
Finalmente, los padres de Ana Ameli llamaron a la sociedad a romper la indiferencia y exigir resultados. “Reconocer la realidad es el primer paso para políticas serias; esta crisis humanitaria alcanza a todos”, concluyeron.
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