Redacción
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que dos agentes del Instituto Nacional de Migración fueron separados de sus cargos y quedaron bajo investigación, luego de la difusión en redes sociales de un video en el que presuntamente solicitan dinero a personas migrantes que ingresaban a México desde Estados Unidos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el caso se atendió de manera inmediata tras conocerse el material audiovisual y que se instruyó a la Secretaría de Gobernación y a la dirección del INM a revisar los hechos y activar los procedimientos correspondientes.
“De inmediato le pedimos a la secretaria de Gobernación y al titular del Instituto Nacional de Migración que revisaran el caso; estas personas fueron separadas de su cargo y se inicia un proceso de investigación”, indicó la presidenta al referirse a las acciones emprendidas.
Sheinbaum advirtió que el gobierno federal establecerá un esquema de actuación para atender reportes de corrupción en cualquier institución, con el objetivo de evitar abusos y garantizar un trato digno a las personas migrantes.
Por su parte, el titular del INM, Sergio Salomón Céspedes, condenó los hechos y afirmó que no se tolerarán prácticas de corrupción dentro del organismo, al reiterar que la instrucción presidencial es brindar un trato humano y sin abusos a las y los migrantes.
De acuerdo con información del propio Instituto Nacional de Migración, los hechos habrían ocurrido el pasado 16 de diciembre en las oficinas del Puente Internacional “Puerta México”, en Matamoros, donde los agentes presuntamente incurrieron en actos irregulares contra connacionales en tránsito.
El INM informó que ya se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra los funcionarios involucrados y contra quienes resulten responsables de estos hechos.
Finalmente, el Gobierno federal y el Instituto Nacional de Migración reiteraron su rechazo a cualquier abuso contra personas migrantes y subrayaron que no habrá tolerancia a la impunidad ni a conductas que vulneren los derechos humanos.
