Redacción
El Gobierno de la Ciudad de México informó que se alcanzaron acuerdos reparatorios con 143 de las 144 víctimas directas e indirectas de la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el 10 de septiembre en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, lo que representa una cifra histórica de 480 millones de pesos destinados a la reparación del daño.
A más de tres meses del accidente, en el que murieron 32 personas y 63 resultaron lesionadas, la jefa de Gobierno Clara Brugada presentó un informe sobre los resultados de la investigación y del proceso de negociación con la empresa Silza, subsidiaria del Grupo Tomza, responsable de la unidad involucrada.
De acuerdo con la autoridad capitalina, hasta el momento se han cubierto 429 millones de pesos, equivalentes a 90 por ciento del monto total acordado, en favor de las familias afectadas por el siniestro, que también dejó ocho víctimas indirectas con secuelas sicológicas y 42 familias y negocios con daños materiales.
La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, detalló que 127 de las 144 víctimas ya recibieron el pago de reparación del daño. Precisó que se destinaron 266 millones de pesos a las familias de las personas fallecidas, 136.5 millones a personas lesionadas y 27 millones de pesos para cubrir daños materiales.
Explicó que la investigación pericial incluyó 16 especialidades forenses y más de 270 dictámenes, los cuales confirmaron que el accidente fue provocado por exceso de velocidad y pérdida de control del conductor, además de omisiones atribuibles a la empresa operadora.
Las autoridades descartaron fallas en la vía de circulación, problemas mecánicos del vehículo o factores naturales externos como causas del siniestro. La fiscalía informó que se elabora un informe público para garantizar la transparencia del caso.
En el ámbito de la atención a las víctimas, la secretaria de Salud, Nadine Gasman, señaló que continúa el seguimiento médico y sicológico integral a las personas lesionadas, incluidas aquellas que permanecen en procesos de rehabilitación, atención de salud mental y valoraciones para intervenciones quirúrgicas.
Finalmente, la jefa de Gobierno anunció que en enero se presentará una aplicación para monitorear vehículos que transporten materiales peligrosos, además de ajustes al Reglamento de Tránsito, como parte de las medidas para evitar accidentes similares y garantizar la no repetición de este tipo de tragedias.
