Más de 110 mil personas siguen desaparecidas en México y las sentencias por desaparición forzada son excepcionales. Ocho casos emblemáticos, ocurridos bajo gobiernos priístas y panistas, muestran cómo agentes del Estado o su aquiescencia están en el origen de los crímenes y cómo el paso del tiempo ha sido clave para garantizar la impunidad
Ana E. Rosete
En México, las desapariciones no son solo consecuencia de la violencia criminal: una parte sustantiva está vinculada a la actuación directa, la omisión o el encubrimiento del Estado. Aunque el país cuenta con una ley en la materia y con fiscalías especializadas, las sentencias penales por desaparición forzada siguen siendo excepcionales, mientras que el número de personas desaparecidas rebasa las 110 mil, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
La distancia entre víctimas y castigo revela un patrón que atraviesa sexenios y partidos. Ocho casos emblemáticos, ocurridos entre 1974 y 2018 bajo gobiernos del PRI y del PAN, muestran cómo los desaparecidos del Estado se acumulan sin justicia.
El caso Campo Algodonero, que documenta la desaparición y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez entre 1993 y 2003, ocurrió durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, del PRI y del PAN. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por la negligencia y la falta de prevención, pero no hubo sentencias penales firmes contra responsables individuales, pese al reconocimiento de responsabilidad estatal.
Durante la llamada Guerra Sucia, Rosendo Radilla fue detenido y desaparecido por militares en Guerrero en 1974, bajo la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, del PRI. Décadas después, el Estado mexicano fue condenado internacionalmente y reconoció su responsabilidad, pero no existe una sola sentencia contra los responsables directos, lo que convirtió el caso en símbolo de cómo el tiempo opera como garantía de impunidad cuando los perpetradores pertenecen al aparato estatal.
El caso Alvarado, ocurrido en 2009 en Chihuahua, implicó la desaparición de tres integrantes de una familia a manos de militares durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, del PAN. La Corte Interamericana volvió a condenar al Estado mexicano, pero el cumplimiento penal interno ha sido parcial y no ha derivado en sanciones proporcionales contra los responsables.
En Allende, Coahuila, entre marzo y abril de 2011, decenas de personas fueron desaparecidas y comunidades enteras devastadas con la participación y tolerancia de autoridades, durante el mismo sexenio de Felipe Calderón (PAN). Aunque el Estado reconoció los hechos años después, no existen sentencias acordes con la magnitud de la desaparición colectiva, considerada una de las más graves del país.
El caso San Fernando, en Tamaulipas, expuso la desaparición y asesinato de migrantes en 2010 y 2011, también bajo el gobierno de Felipe Calderón. Si bien hubo detenciones de integrantes del crimen organizado, la colusión de autoridades locales y federales no fue juzgada plenamente, y decenas de personas continúan desaparecidas.
En Tetelcingo, Morelos, en 2015, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, del PRI, se descubrió que autoridades estatales habían enterrado cuerpos de manera irregular en fosas clandestinas. La investigación acreditó prácticas forenses ilegales y ocultamiento de restos humanos, pero no hay sentencias firmes contra funcionarios responsables, pese a la evidencia documentada.
En Nuevo Laredo, Tamaulipas, organizaciones nacionales e internacionales documentaron desapariciones forzadas cometidas por elementos de la Marina en 2018, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI). El reconocimiento oficial fue tardío y, aunque se abrieron investigaciones, no existen sentencias firmes contra mandos responsables.
Finalmente, el caso de los migrantes desaparecidos en San Fernando, más allá de la masacre de 2010, permanece fragmentado en múltiples expedientes iniciados durante el sexenio de Felipe Calderón. Decenas de personas siguen sin ser localizadas y la cadena de responsabilidades estatales nunca fue esclarecida judicialmente, diluyendo el crimen con el paso de los años.
Los datos confirman el patrón. A pesar de que México ha sido condenado en múltiples ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de que la desaparición forzada está tipificada como delito grave, la mayoría de los casos permanece en etapa de investigación, sin llegar a sentencia. Las responsabilidades se reconocen en el discurso, pero no se sancionan en tribunales.
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