Más de 2.3 millones de carpetas de investigación permanecen pendientes en el país. Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Baja California concentran el mayor rezago. Datos oficiales del INEGI revelan que la mayoría de las denuncias no llega ante un juez
Ana E. Rosete
En México, la justicia penal no colapsa de manera uniforme: se atasca en lugares específicos y deja allí a cientos de miles de expedientes sin resolver. Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Baja California, gobernados por Movimiento Ciudadano y Morena, concentran el mayor rezago de carpetas de investigación del país, de acuerdo con datos oficiales del sistema de procuración de justicia. En estas entidades, la acumulación de casos pendientes no es una anomalía coyuntural, sino una constante que se reproduce año con año y que exhibe las limitaciones reales de las fiscalías para investigar, judicializar y obtener sentencias.
Las cifras en las que se basa este reportaje provienen del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal (CNPJF-E 2025), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Aunque el censo se publica en 2025, la información que contiene corresponde al ejercicio de 2024, ya que el levantamiento, validación y sistematización de los datos requiere que el año esté completamente cerrado.
De acuerdo con ese censo, al finalizar 2024 más de 2.3 millones de carpetas de investigación permanecían pendientes de concluir en todo el país. Se trata de expedientes que no fueron archivados formalmente, ni judicializados, ni resueltos; simplemente quedaron abiertos, muchos de ellos sin avances procesales durante periodos prolongados. Aunque el rezago es un fenómeno nacional, su distribución es profundamente desigual.
Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, encabeza el rezago nacional con más de medio millón de carpetas pendientes, la cifra más alta registrada en una sola entidad. El dato resulta particularmente relevante si se considera que el estado enfrenta una crisis persistente de violencia, desapariciones y homicidios, mientras su fiscalía opera como un repositorio masivo de denuncias sin desenlace. La acumulación de expedientes sugiere que una parte sustancial de los delitos denunciados no avanza más allá de la etapa inicial de investigación.
En el Estado de México, gobernado por Morena, más de 229 mil carpetas permanecen sin concluir. Se trata de la entidad con el mayor número de denuncias a nivel nacional y, al mismo tiempo, de una de las que presenta mayores dificultades para transformar esa carga en procesos judiciales efectivos. La brecha entre carpetas iniciadas y casos judicializados revela un sistema saturado, incapaz de absorber el volumen de denuncias que recibe.
Nuevo León, también gobernado por Movimiento Ciudadano, ocupa el tercer lugar nacional en rezago, con más de 211 mil carpetas pendientes, pese a ser una de las entidades con mayor presupuesto, infraestructura institucional y desarrollo económico del país. La magnitud del rezago cuestiona la eficacia del modelo de gestión de la fiscalía estatal y pone en duda que el problema se limite a la falta de recursos financieros.
En Baja California, bajo un gobierno de Morena, más de 197 mil carpetas de investigación permanecen sin concluir. La entidad enfrenta desde hace años una combinación de violencia persistente, delitos de alto impacto y dinámicas transfronterizas que han rebasado a su fiscalía. El rezago sostenido muestra que la complejidad del contexto criminal no ha sido acompañada de una capacidad institucional suficiente para investigar y procesar los casos.
Estos cuatro estados, gobernados por dos fuerzas políticas distintas, concentran una proporción significativa del rezago nacional y exhiben un patrón que atraviesa partidos: se abren millones de carpetas de investigación, pero solo una fracción mínima llega ante un juez. En promedio, en México se inician alrededor de 1.9 millones de carpetas al año, pero la mayoría no se judicializa y termina en algún tipo de cierre administrativo, archivo temporal o simple acumulación sin resolución.
El problema no es únicamente cuántas carpetas se abren, sino qué ocurre con ellas. Los datos del propio censo muestran que una proporción relevante de las investigaciones concluye sin ejercicio de la acción penal. En la práctica, esto significa que la denuncia no se traduce en un proceso judicial ni en una sanción para los responsables. La posibilidad de obtener una sentencia condenatoria se reduce drásticamente desde las primeras etapas del procedimiento.
El INEGI recopila la información directamente de la Fiscalía General de la República y de las 32 fiscalías estatales, revisa inconsistencias, homologa criterios y solo entonces publica los resultados oficiales. Por ello, no existen aún cifras consolidadas de 2025, y la fotografía más reciente del rezago institucional es la que dejaron las fiscalías al cierre de 2024.
The post Se atora justicia en 4 estados gobernados por Morena y MC appeared first on Diario Basta!.
