Redacción
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, orientada a incentivar la producción de bienes intermedios y finales en sectores considerados estratégicos. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo federal, busca reducir la dependencia de insumos extranjeros y ampliar la capacidad productiva de la industria mexicana mediante ajustes en diversas fracciones arancelarias.
En una sesión que se extendió por poco más de dos horas y media, el dictamen recibió 281 votos a favor de Morena y PVEM, 24 en contra por parte de MC y 149 abstenciones de legisladores del PAN, PRI y PT, además de cinco abstenciones adicionales entre Morena y MC. La alta cantidad de abstenciones marcó esta discusión, en la que el PT se desmarcó de sus aliados, señalando vínculos políticos con países asiáticos cuya mercancía enfrentará nuevos aranceles.
Durante la presentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Comercio, Competitividad y Economía, Miguel Ángel Salim, explicó que la reforma contempla cambios en mil 463 fracciones arancelarias pertenecientes a 17 industrias, entre ellas autopartes, automóviles ligeros, textiles, electrodomésticos, juguetes, muebles, calzado, aluminio y vidrio. Precisó que 316 fracciones no estaban sujetas al pago de arancel, mientras que otras registraban tasas previas de 35 y 10 por ciento. También informó que se recibieron 27 propuestas provenientes de cámaras y asociaciones empresariales para enriquecer la discusión.
El legislador señaló que los rubros analizados representan 51 mil 910 millones de dólares, equivalentes a 8.3 por ciento del total de importaciones realizadas en 2024. Añadió que el impacto inflacionario sería limitado debido al peso reducido de los bienes involucrados en la canasta de cálculo. Sostuvo que la industria nacional cuenta con capacidad suficiente para sustituir productos que se verán gravados, lo que, afirmó, impulsaría empleo y la participación de proveedores internos. Al mismo tiempo, llamó a mantener diálogo con sectores económicos ante eventuales repercusiones en el corto plazo.
En defensa del dictamen, la diputada Claudia Selene Ávila señaló que la revisión de las fracciones arancelarias forma parte de un esquema temporal y sujeto a ajustes. Mencionó el amplio déficit comercial con China como uno de los argumentos para aplicar medidas que permitan equilibrar las condiciones de competencia. Indicó que un eventual incremento en la canasta básica sería de 0.03 por ciento y cuestionó que la reforma pudiera generar presiones inflacionarias. Sostuvo que los aranceles se enfocan únicamente en bienes cuya producción puede realizarse en el país y que no contradicen compromisos multilaterales ni acuerdos comerciales vigentes.
En contraste, la diputada Gloria López advirtió sobre los riesgos de aplicar incrementos arancelarios sin una evaluación minuciosa de su efecto en cadenas de valor. Señaló que algunos insumos no tienen sustitutos nacionales ni regionales, por lo que el ajuste podría interrumpir procesos productivos o generar aumentos de precios trasladados al consumidor final. Planteó la necesidad de realizar estudios sectoriales y acompañar la política arancelaria con incentivos que fortalezcan la industria.
Por su parte, el priísta Hugo Gutiérrez Arroyo argumentó que su bancada optó por la abstención ante la falta de elementos técnicos que permitan anticipar los efectos económicos de la reforma. Retomó la advertencia del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas sobre la ausencia de información actualizada en materia de importaciones, elasticidades y comportamiento previsto de los actores económicos. Señaló que los aranceles, por sí solos, no garantizan la sustitución de importaciones ni el fortalecimiento industrial, y que su aplicación podría elevar costos de producción en un contexto donde 77 por ciento de lo importado corresponde a insumos y bienes intermedios.
Tras la aprobación en lo general, la Cámara inició el análisis de reservas con intervenciones programadas de representantes de todos los grupos parlamentarios, para continuar la revisión de los ajustes propuestos.
