Entre financiamiento ilícito, corrupción y nexos con cárteles, los políticos señalados muestran cómo el narco no solo amenaza, sino gobierna desde adentro.
Fernando Ortiz
Ciudad de México,- La narcopolítica en México se ve reflejada en gobernadores, exfiscales y alcaldes que han sido vinculados al crimen organizado, entre ellos, García Luna, Veytia y Yarrington ya fueron condenados en Estados Unidos, el narco no solo amenaza la política, la ha infiltrado.
El término “Narcopolitico” se ha vuelto más mencionado y aunque algunos casos han sido sentenciados en tribunales estadounidenses, otros permanecen en un limbo de señalamientos, acusaciones políticas, filtraciones y carpetas inconclusas. La combinación de procesos sólidos con rumores nunca investigados evidencia un problema estructural del Estado mexicano no ha logrado esclarecer de manera transparente qué ocurre cuando las redes criminales alcanzan a funcionarios, gobernantes o representantes públicos.
Entre los casos más contundentes se encuentran tres nombres que han sido condenados por la justicia estadounidense, Genaro García Luna, Edgar Veytia y Tomás Yarrington. García Luna, quien llegó a ser secretario de Seguridad Pública federal, fue declarado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa tras un juicio en Nueva York que incluyó testimonios, documentos y acusaciones directas. Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit, aceptó haber operado a favor de organizaciones criminales. Y Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, fue sentenciado por lavado de dinero y vínculos con redes criminales tras su extradición.
Otros nombres que han sido mencionados en investigaciones o denuncias son Julio César Godoy, por ejemplo quien fue acusado hace más de una década por supuestos vínculos con La Familia Michoacana, pero nunca enfrentó una sentencia.
Ademas, Mario Marín Torres quien ha sido procesado por corrupción y se le ha vinculado en reportes a redes delictivas, aunque sin un fallo judicial sobre narcotráfico.
También, Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, ha sido señalado en medios por supuestos vínculos con estructuras criminales locales, además de enfrentar acusaciones de corrupción, sin una resolución definitiva.
Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa aparece desde 2024 como uno de los principales señalados en reportes de narcopolítica. Algunas denuncias indican que durante su campaña de 2021 habría recibido apoyo del Cártel de Sinaloa, con supuestas “maletas con dinero” entregadas por miembros del cártel para financiar su candidatura.
También, Ricardo Gallardo Cardona Gobernador de San Luis Potosí ha sido señalado por distintas investigaciones como presunto nexo con organizaciones delictivas como Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y existen denuncias de desvío y lavado de recursos públicos por montos millonarios durante su gestión como alcalde.
Además, Jesús Corona Damián Alcalde de Cuautla (Morelos) fue recientemente incluido en el registro ciudadano de narcopolíticos por acusaciones de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. En su ficha se menciona que existe una investigación abierta de la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.
Mario Figueroa Mundo exalcalde de Taxco, Guerrero fue acusado de mantener presuntos nexos con organizaciones del crimen organizado, particularmente con la banda conocida como La Nueva Familia Michoacana, se le imputa haber permitido la operación de esa organización desde su municipio a cambio de apoyo político.
De igual manera, Hernán Bermúdez Requena, exfuncionario de seguridad en Tabasco ha sido señalado como presunto líder de un grupo criminal denominado La Barredora, que presuntamente opera bajo los intereses del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al hacerse públicos dichos señalamientos, fue suspendido como militante del partido guinda, y aun permanece bajo investigación oficial.
Recientemente, Sandra Cuevas, exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc ha sido señalada por supuestos nexos con los grupos delictivos La Unión Tepito y La Chokiza, según documentos atribuidos a la SEDENA de 2023, uno de sus escoltas fue identificado como un exintegrante condenado de La Unión Tepito, y su expareja habría sido un líder de La Chokiza —detenido posteriormente, además, la exfuncionaria está bajo investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por posibles actos de lavado de dinero.
Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas acusado de haber recibido durante su campaña de 2022 al menos 126 millones de pesos de parte del empresario presuntamente vinculado con el huachicol y al crimen organizado, Sergio Carmona, conocido como “El Rey del Huachicol”, a cambio de conceder cargos públicos a su red, asimismo, se difundio una fotografía suya, tomada en 2022, junto a un supuesto operador financiero del Cártel del Noreste, lo que alimenta acusaciones de financiamiento ilícito de su campaña.
En otra categoría se ubican aquellos personajes en los que los señalamientos circulan principalmente en listas ciudadanas o declaraciones políticas, pero no existen expedientes, investigaciones formales ni documentos oficiales que los relacionan con estructuras criminales.
Entre ellos están Salvador Cienfuegos —cuyo caso fue cerrado por México después de que Estados Unidos retiró los cargos—, Olga Patricia Sosa, Alfredo Ramírez Bedolla, Mauro Jáuregui, Ana Belén Ávila, Tania Contreras y Manuel Roberto Farías. La falta de evidencia verificable no implica su inocencia o culpabilidad, sino una realidad: muchas acusaciones no han sido sostenidas con pruebas claras.
La narcopolítica, es síntoma de un Estado incapaz de investigar, esclarecer o sancionar de forma consistente.
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