Redacción
El gobierno peruano intenta contener la controversia generada por las declaraciones del presidente interino José Jerí, luego de que el primer ministro Ernesto Álvarez señalara que no existe intención alguna de ingresar por la fuerza a la residencia de la embajada de México en Lima. El comentario surge en torno a la situación de Betssy Chávez, ex jefa del gabinete de Pedro Castillo, quien permanece en ese inmueble bajo condición de asilo diplomático.
La posición oficial apunta a que ninguna autoridad puede retirar a una persona del ámbito de una sede diplomática, incluso si enfrenta procesos judiciales en su país. En el caso de Chávez, la fiscalía la acusa de coautoría en el delito de rebelión durante la crisis institucional que siguió al intento de Castillo de disolver el Congreso en diciembre de 2022.
El asilo otorgado por México a inicios de noviembre desencadenó la ruptura de relaciones diplomáticas, al considerar Lima que existió un acto de injerencia en sus asuntos internos. La administración mexicana rechaza esa lectura y mantiene que el resguardo a la ex funcionaria se ajusta al marco legal internacional.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostiene que una incursión en la embajada constituiría una violación a la soberanía y al derecho internacional. Su postura también alude al antecedente de Quito, donde la policía ecuatoriana ingresó a la sede diplomática mexicana para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, un episodio que continúa generando debate en la región.
Álvarez intenta reducir el impacto de las declaraciones iniciales del presidente interino al señalar que reflejan el malestar de una parte de la población, pero no una política estatal. Según su planteamiento, el proceso judicial contra Chávez continúa en curso y debe resolverse bajo mecanismos institucionales, sin acciones que comprometan normas internacionales ni la estabilidad de la relación bilateral.
