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Últimos informes revelaron que más de 2 mil menores fueron detenidos por portar armas de fuego.

Fernando Ortiz

Ciudad de México.- En el marco del 194.º Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) hizo un llamado urgente para proteger a niñas, niños y adolescentes del reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, mencionando que al menos 250 mil niñas, niños y adolescentes podrían ser víctimas de este acto.

Según un informe de la Secretaría de Gobernación de abril de 2025, los cárteles reclutan a menores desde los 6 años. En muchos casos, los más pequeños son enviados como “halcones”, mensajeros o para persuadir a otros niños, mientras que los adolescentes de entre 13 y 17 años son usados en funciones de mayor riesgo como cobro, extorsión y violencia.

Los menores reclutados a menudo son involucrados en homicidios, portación de armas, extorsión y otros delitos graves. Un reporte gubernamental de 2025 indica que entre 2018 y 2024, 2,424 menores fueron detenidos por portar armas de fuego.
REDIM, señaló que México carece de una política pública integral para prevenir, identificar y reparar los daños a las víctimas, afirmando que “No existe una tipificación específica para este delito”, lo cual hace que muchos adolescentes reclutados sean tratados como infractores y no como víctimas.

El organismo propuso ante la CIDH emitir recomendaciones al Estado mexicano para poder Tipificar el reclutamiento forzado como delito autónomo, establecer rutas de prevención e identificación temprana de menores en riesgo y crear un programa nacional de desvinculación y reparación integral, basado en el modelo técnico de las Guías Niñez Primero (2025) de REDIM.

Además, la organización aseguró que el reclutamiento coexiste en mayormente en Veracruz, Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Estado de México y Jalisco, afirmando que esto es debido a la pobreza, la desigualdad y la “narcocultura”, orillando a que los menores sean más vulnerables a ser captados.

REDIM pidió a la CIDH a emitir medidas de protección internacionales que impulsen al Estado mexicano a reforzar la prevención, la justicia restaurativa y la reparación para las víctimas. Para la organización, es esencial que los niños y adolescentes reclutados sean reconocidos primeramente como víctimas, no como delincuentes.

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