Luis López
La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP), imputó el jueves por crímenes de guerra y de lesa humanidad a tres generales retirados y 27 miembros del Ejército; se les acusa de estar implicados en 209 asesinatos, 65 desapariciones forzadas y una tentativa de homicidio, ocurridos en el departamento de Meta entre 2002 a 2007.
El ministro y presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, fue el primero en dar detalles sobre la incriminación de los militares; mientras que el Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC), figura procesal de la JEP en el caso, comunicó que la responsabilidad de los crímenes recae en el general retirado Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, el mayor general Carlos Eduardo Ávila Beltrán y el brigadier general Francisco José Ardila Uribe.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP señaló que los generales incumplieron sus obligaciones de proteger los bienes jurídicos de la población y de ejercer un control efectivo sobre sus subordinados, aunque tenían la posibilidad de prevenir, investigar y sancionar los delitos que sus tropas estaban realizando, lo que constituye un “delito de omisión” a sus deberes constitucionales y funcionales. Asimismo, la Sala informó que, durante estos sucesos, se establecieron relaciones entre el Ejército y el Bloque Centauros de las Autodefensas, una coalición de paramilitares de ultraderecha que buscaban detener las guerrillas impulsadas por “la izquierda”.
Ramelli explicó que las declaraciones de comandantes de los Centauros sirvieron para sustentar la responsabilidad de los militares en los delitos; entre los testigos se encontraron Dayero Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, Manuel de Jesús Piraban, alias “Pirata” y Luis Chatarro Cárdenas. Sin embargo, comunicó también que aún no se presentan pruebas certeras sobre la participación dolosa de los implicados en los crímenes.
Los crímenes forman parte de los “falsos positivos”, un episodio en la historia de Colombia en la que el Ejército desapareció y asesinó jóvenes inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros, obteniendo así premios y ascensos; la mayoría de estos delitos, que ascienden a más de 6 400, sucedieron entre 2002 y 2010, durante la presidencia de Álvaro Uribe. A pesar de llevarse a cabo un juicio en contra de los responsables, las condenas no implican la pena de prisión, sino trabajos restaurativos en beneficio de las víctimas.
