El pasado 13 de noviembre de 2025, la Comisión de Disciplina y Substanciación de Responsabilidades del Personal Administrativo del Órgano de Administración Judicial (OAJ) llevó a cabo su tercera sesión extraordinaria. En ella, se turnaron para análisis de sus integrantes, los primeros expedientes relacionados con probables conductas contrarias a la norma administrativa.
Órgano de Administración Judicial indica que el actuar ético no es negociable
“La disciplina y el actuar ético no son negociables; se sancionarán las conductas que resulten contrarias a los valores del PJF”. Indicó el Órgano en un comunicado.
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Durante la sesión, las integrantes de la Comisión, Catalina Ramírez Hernández y Surit Berenice Romero Domínguez, analizaron y respaldaron la propuesta del presidente José Alberto Gallegos Ramírez para establecer los mecanismos que regirán la tramitación y resolución de los asuntos en materia de responsabilidades administrativas.
Con estos avances, la Comisión de Disciplina y Substanciación de Responsabilidades del OAJ destacó su “compromiso de sancionar conductas que afecten las labores del Poder Judicial de la Federación“.
El pasado lunes, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) suspendió de manera temporal una jueza federal, con residencia en Toluca, por entorpecer procesos de extradición.
Se trataría de la juzgadora que otorgó medidas judiciales a favor de Florian Tudor, líder de una banda transnacional, que operaba en la Riviera Maya y que resultó detenido en 2021.
Foto: Especial |
Suspensión, petición del titular del Tribunal de Disciplina Judicial
En un comunicado, se explicó que la suspensión fue a petición del titular del Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas y la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, presidida por el Magistrado Rufino H León Tovar.
El OAJ decretó como medida cautelar la suspensión temporal, hasta nuevo aviso, de la jueza federal adscrita al Estado de México, con residencia en Toluca.
La decisión se derivó de la investigación iniciada con motivo de la queja presentada por el área jurídica del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social Federal, denunciando conductas en que incurrió la funcionaria judicial presumiblemente constitutivas de faltas administrativas en perjuicio de la correcta administración de justicia.
Dicha juzgadora es señalada por otorgar beneficios en juicios de amparo que “entorpecían procesos de extradición en forma indebida y que otorgaban beneficios cuestionables a personas sujetas a dicho proceso de extradición”.
