La exprimera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, quedó sentenciada a muerte por un tribunal especial de Daca, que la declaró responsable de ordenar la represión que precipitó su caída en 2024.
Los jueces concluyeron que los hechos —al menos mil 400 muertos, según Naciones Unidas— reúnen los elementos de crímenes contra la humanidad, desde incitación hasta órdenes directas de uso de fuerza letal contra manifestantes.
El origen del conflicto se remonta a julio de 2024, cuando protestas estudiantiles contra una cuota del 30% en empleos públicos para descendientes de veteranos se transformaron en un movimiento nacional de rechazo al gobierno.
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Las movilizaciones escalaron y la respuesta estatal incluyó helicópteros, drones y munición real, según el veredicto. Hasina, en el poder durante 15 años, negó los cargos y calificó el proceso como políticamente dirigido. Huyó en agosto de 2024 a India, donde permanece sin que exista un acuerdo de extradición.
Reacciones enfrentadas por condena a Sheikh Hasina
El fallo se recibió con posiciones encontradas. Para la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, representa un momento relevante para las víctimas, aunque lamentó la imposición de la pena capital.
Daca exigió formalmente a Nueva Delhi la entrega de Hasina y de su exministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, también condenado a muerte. India se limitó a señalar que tomó nota del veredicto.
La sentencia no tiene aún fecha de ejecución. Al haberse dictado en ausencia, su aplicación depende de una eventual detención o entrega voluntaria, pasos que abrirían el derecho a apelación y ampliarían los plazos.
Ese vacío temporal añade un componente internacional decisivo en vísperas de elecciones legislativas dentro de tres meses, mientras el gobierno interino encabezado por el nobel Muhammad Yunus celebró la resolución como un “veredicto histórico”. La capital quedó cercada por un amplio dispositivo policial ante el anuncio.
Otros jefes de estado condenados
La condena a un exjefe de gobierno no es un hecho aislado. En septiembre de 2025, Joseph Kabila, expresidente de la República Democrática del Congo, sentenciado a muerte en ausencia por crímenes de guerra y traición.
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Años antes, Pakistán llevó a juicio al exmandatario Pervez Musharraf, sentenciado inicialmente a la pena capital por alta traición antes de que la condena fuera anulada por motivos técnicos. Casos como el de Mohamed Morsi en Egipto —condenado a muerte y luego absuelto— o la ejecución de Saddam Hussein en 2006 ilustran cómo las acusaciones por violencia estatal y abusos graves han alcanzado a jefes de Estado en distintas regiones.
