La disputa por el pago de impuestos entre el Grupo Salinas (GS) y el Gobierno federal pasó ayer a una nueva etapa, en la que el consorcio acudirá a instancias internacionales y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) podrá cobrar.
¿Cuánto?
Ese es el tema.
Por meses, años, el grupo que encabeza el empresario Ricardo Salinas Pliego ha manifestado su disposición a pagar “lo que los tribunales’’ le han reconocido en los largos juicios que desde casi una década se llevan a cabo.
Ayer, la Corte del bienestar, para sorpresa de nadie, rechazó los siete recursos legales promovidos por GS, sin que mediara una explicación jurídica que todos los mexicanos teníamos el derecho a conocer.
Ni siquiera se tomaron el tiempo para explicar, de forma general, por qué las solicitudes de amparo no procedían o si, en este caso, se aplicó la nueva ley en materia de amparo recientemente aprobada por la mayoría guinda en el Congreso de la Unión.
Dicha ley, en lo que para muchos especialistas en la materia es una aberración, permite que, en el caso del juicio de amparo, las etapas previas a la nueva ley, se rijan con la ley anterior.
“Las resoluciones emitidas en esta instancia nos obliga a acudir a otras vías, incluso en el ámbito internacional, con el propósito de asegurar la plena garantía y protección de nuestros derechos humanos, exigiendo la eliminación de los cobros dobles inconstitucionales y las multas desproporcionadas, y exhibiendo ante los ojos del mundo todas las pruebas de la persecución política sistemática en contra del señor Salinas Pliego y del autoritarismo de la mal llamada Cuarta Transformación’’, expresó el conglomerado en una comunicación oficial después del fallo de la Corte.
“De igual forma, seguimos esperando la respuesta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nuestras solicitudes para que cuantifique el monto de nuestros créditos fiscales, con apego a derecho y a sus propias resoluciones, sin cobros dobles e ilegales. Su silencio administrativo y dilación de nuestros procesos sólo confirma la consigna y motivación política por parte del Gobierno federal”, reiteró el GS.
¿Qué sigue?
Previsiblemente el endurecimiento del SAT, que tratará de cobrar al GS y de parte de éste, la internacionalización del conflicto en el que hay mucho más en disputa que dinero.
Parafraseando a un clásico “esto no acaba hasta que se acaba’’.
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Mañana sábado, se conocerá el destino de José Antonio Sánchez Ortega, detenido hace una semana en Tijuana, acusado de ser el “segundo tirador’’ en el homicidio de Luis Donaldo Colosio, ocurrido en marzo de 1994.
Sánchez Ortega fue detenido el día del magnicidio pero liberado un día después al comprobarse que no tuvo participación en el hecho, de acuerdo con la investigación de la entonces Procuraduría General de la República que cerró el caso en el año 2000.
Por alguna razón, la hoy FGR, pidió en los años 2023 y 2024, órdenes de aprehensión en contra de Sánchez Ortega, que le fueron rechazadas por el juez al considerar que las “nuevas pruebas’’ estaban inducidas por la propia fiscalía o eran circunstanciales.
El viernes pasado, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, Cuarto de Distrito de Toluca, giró la orden de aprehensión en contra de Sánchez Ortega que fue cumplida un día después.
Hoy ese mismo juez decidirá si libera al acusado o le dicta formal prisión, a pesar de lo endeble de las pruebas.
Pero no crea, no lo haga, que se trata de un distractor más.
@adriantrejo
