Elio Henríquez/La Jornada/San Cristóbal de Las Casas, Chis. – Siete organizaciones civiles y de derechos humanos afirmaron que a 19 años de la masacre de seis indígenas tseltales y choles, ocurrida en la comunidad de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, “no se ha encontrado justicia”, por lo que “los sobrevivientes y familiares de las víctimas que fueron desplazados continúan sin garantías para el retorno y sin reparación del daño”.
Recordaron que “la masacre ocurrió en la pequeña comunidad indígena tseltal y ch´ol de Viejo Velasco, Ocosingo, situada en la selva Lacandona, cuando, en un operativo de corte paramilitar, alrededor de 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (todos de la llamada ‘Comunidad Lacandona’) armadas con machetes, palos, escopetas y rifles, algunas con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta” a la localidad.
Señalaron que de acuerdo con investigaciones realizadas por la agrupación Xi’nich, con sede en Palenque, “apoyada por el colectivo de organizaciones de la sociedad civil que integramos entonces la Misión Civil de Observación, los agresores iban acompañados y protegidos por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder conocidas como Cuerno de Chivo: Ar-15 y AK-47”.
Las agrupaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), añadieron en un comunicado que “también se documentó la presencia de cinco fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social”.
Estos actos violentos sucedidos durante el gobierno de Pablo Salazar, abundaron, “provocaron el desplazamiento forzado de 36 personas, la mayoría mujeres, niñas y niños; la ejecución extrajudicial de seis de ellas (incluyendo una mujer embarazada, María Núñez González); la privación ilegal de la libertad y tortura de una joven discapacitada, Petrona Núñez González, quien falleció en 2010 a causa de la tortura física y emocional a la que fue sometida, y cuatro desapariciones forzadas, de las cuales, un año después, a instancias de familiares e integrantes de la Misión Civil, se encontraron enterradas en un paraje cercano a Viejo Velasco, los restos de dos personas, identificados como dos de los ancianos desaparecidos, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, que fueron entregados a sus familiares, cuatro años después”.
Reiteraron que “durante todo este tiempo, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), nunca ha realizado una investigación completa y efectiva, mientras el gobierno federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), han guardado total silencio, por lo que los responsables intelectuales, los operadores políticos y los autores materiales siguen en la impunidad”.
Insistieron en que “la FGE nunca contó con un plan de investigación y, desde hace años, ha cesado las acciones de búsqueda de Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, ancianos que desaparecieron en estos hechos y -luego de lograrse la excarcelación del compañero indígena Diego Arcos, promotor indígena de salud- ha continuado la criminalización en contra de otros cinco compañeros indígenas que, en su momento, dieron auxilio a las víctimas de la masacre y que hasta el momento -tras 19 años- continúan con órdenes de aprehensión, acusados de asesinar a sus propios compañeros”.
Recordaron que “esta sangrienta e impune masacre se dio en un contexto de una intensa lucha y resistencia, reivindicativas del derecho al territorio, y al resguardo y manejo de los bienes naturales, de más de 45 comunidades indígenas, asentadas en el corazón de la selva Lacandona; resistencia sobre la cual, la asamblea, pobladoras y pobladores de Viejo Velasco, fueron un digno ejemplo, al enfrentar una agresiva política de despojo territorial, despojo social y privatización de la naturaleza de parte del Estado mexicano, ejercida sobre dichos poblados, ubicados dentro y en los límites de la Reserva de Biosfera Montes Azules, una de las zonas más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico, de nuestro país, lo que la ha convertido en ambicionado botín de empresas enmarcadas en el llamado capitalismo verde”.
