Estados Unidos reforzará sus filtros migratorios al considerar la obesidad, enfermedades crónicas y dependientes con necesidades especiales como motivos para negar visas. La medida, instruida por el secretario de Estado Marco Rubio y promovida por la administración de Donald Trump, busca evitar que los inmigrantes se conviertan en una “carga pública” para el sistema sanitario y los contribuyentes estadounidenses.
El lineamiento, enviado a embajadas y consulados el 6 de noviembre, amplía los criterios médicos que los funcionarios deben evaluar antes de autorizar visas de inmigrante o residencia. Según el cable diplomático, condiciones como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, trastornos metabólicos o mentales podrán ser consideradas como factores de inadmisibilidad si implican tratamientos costosos o atención prolongada.
Entre las novedades figura la inclusión de la obesidad, la cual —señala el documento— puede generar complicaciones como hipertensión, apnea del sueño o depresión clínica. Los oficiales deberán valorar si el solicitante posee los recursos suficientes para costear tratamientos “durante su vida útil esperada, sin depender de asistencia pública”. De lo contrario, podrán rechazar la solicitud.
También te puede interesar: Jeffrey Epstein presumió llamada con Lula da Silva mediada por Noam Chomsky, Brasil lo niega
El Departamento de Estado argumenta que la medida da cumplimiento a la ley migratoria vigente, que desde hace un siglo permite negar el ingreso a quienes representen una carga económica para el país. Sin embargo, la directiva —según filtraciones recogidas por The Washington Post y KFF Health News— se elaboró sin la revisión técnica habitual y otorga amplia discreción a los funcionarios consulares para decidir quién califica o no.
Advertencias ante medida de Estados Unidos de negar visas por condición de salud
Analistas y abogados de inmigración advirtieron que la nueva política podría abrir la puerta a decisiones basadas en percepciones subjetivas. “El cable ordena evaluar una lista de padecimientos comunes y crónicos, vinculándolos directamente con el costo potencial de la atención médica”, señaló para The Washington Post el abogado Vic Goel, quien calificó la instrucción como un cambio sustancial en la práctica consular.
La medida también instruye considerar factores adicionales como la edad del solicitante, la cantidad de dependientes y si alguno de ellos padece discapacidades o enfermedades que limiten la capacidad laboral del principal. En casos así, los oficiales deberán determinar si la persona podrá mantenerse económicamente en territorio estadounidense.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, defendió la disposición al afirmar que “el gobierno de Trump pone los intereses del pueblo estadounidense en primer lugar” y busca evitar que los contribuyentes asuman los costos médicos de los inmigrantes. Según la Fundación Heritage, la política es coherente con la doctrina de “autosuficiencia” que ha guiado la ley migratoria durante más de un siglo.
No obstante, especialistas médicos y humanitarios criticaron el enfoque. El doctor Marc Siegel, analista de Fox News, advirtió que “la obesidad es un indicador de riesgo, no una condena” y recomendó sustituir las prohibiciones por evaluaciones médicas más rigurosas o seguros de salud obligatorios. Por su parte, organizaciones de asistencia legal señalaron que los funcionarios carecen de formación médica y que la regla contradice el propio Manual de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado.
También te puede interesar: EU acepta evitar bombardeos a embarcaciones en aguas internacionales, dice Sheinbaum
Carga Pública
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 16% de los adultos del planeta son obesos y 14% viven con diabetes. En Estados Unidos, las cifras ascienden a casi 40%, con mayor prevalencia en estados conservadores. Aun así, la administración Trump considera que esos datos justifican reforzar los controles para proteger su sistema de salud, uno de los más costosos del mundo.
Las nuevas directrices excluyen a solicitantes humanitarios, como refugiados o asilados, pero aplicarán tanto a quienes buscan residencia permanente como a titulares de visas temporales, incluidas las laborales H-1B. En la práctica, otorgan a los consulados mayor libertad para negar solicitudes bajo el argumento de “previsión financiera insuficiente”.
La medida de las visas, que amplía la noción de “carga pública” y reaviva la política de restricción migratoria de Estados Unidos, ha sido interpretada como un paso más hacia la selectividad sanitaria. Mientras la Casa Blanca defiende su derecho a priorizar a inmigrantes autosuficientes, críticos sostienen que la regla institucionaliza la discriminación por salud y convierte la enfermedad —o incluso el cuerpo— en una frontera más.
