La propuesta para reducir tarifas de intermediación por pagos en tarjetas de crédito y débito, con la regulación, que propusieron la Secretaría de Hacienda, Banxico y la CNBV y que está en fase de consulta pública en Cofemer, es el mejor ejemplo de la dificultad para conciliar intereses al interior de la Asociación de Bancos de México, que preside Emilio Romano, porque no a todos les afecta por igual.
Tal y como está la regulación, los bancos más afectados serán los grandes emisores de tarjeta de crédito y débito, porque la reducción se concentra en las tarifas de intercambio que los adquirentes, que son los dueños de las terminales punto de venta pagan a los emisores, no sólo bancos, sino también American Express.
Los grandes emisores son Banamex, BBVA, Banorte, HSBC, Inbursa, Santander y Scotiabank, los que integran el llamado G7. La afectación entre los emisores es también desigual, porque muchos de ellos son también adquirentes, como son los casos BBVA, Banorte y HSBC.
El más afectado, sin lugar a dudas, será Banamex, porque vendió su negocio de terminales punto de venta a Evo Payments en 2015.
Entre los bancos, los que más han invertido en TPVs son Mifel y BanCoppel, pero también están preocupados por esta regulación que los sorprendió, porque no fueron previamente consultados, aunque el secretario de Hacienda, Édgar Amador, se ha mostrado muy abierto al diálogo.
Los ganones no serán los bancos adquirentes sino otros intermediarios, principalmente Mercado Pago, que tiene ya un millón de TPVs y Clip y que, según se afirma, fueron los promotores de esta propuesta de bajar la tasa de intercambio.
Los bancos sostienen que si realmente el objetivo es disminuir el uso de efectivo y fomentar que más comercios acepten pagos digitales, la reducción en tarifas debe también aplicar a tasa de descuento a comercio y, aunque es variable, en promedio es de 3%.
Mejor un acuerdo, que tope de precios
La reducción en la tasa de intermediación que pretenden las autoridades es a 0.3% en tarjetas de débito y 0.6% en crédito, pero los bancos proponen que no haya un tope o tasas máximas, sino un acuerdo entre adquirentes, comercios y emisores y que se mantengan tarifas variables en un rango que sí se reduciría, pero a un promedio de 1.2% a 1.5%.
No es una negociación fácil, pero sí se espera llegar a un acuerdo que no sólo beneficie a los adquirentes, porque la regulación propuesta no garantiza que se reduzcan las tasas de descuento a los comercios, muchos de los cuales no aceptan el pago con tarjetas no por la tarifa, sino porque no quieren ser fiscalizados por el SAT.
El riesgo es aceptar un primer control de precios en la banca que distorsionara al mercado, inhibirá la inversión y se traducirá en mayores costos para los clientes.
Regresará Concanaco al CCE
Uno de los primeros cambios que hará José Medina Mora, cuando asuma en diciembre la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, será un acercamiento con la Concanaco, organismo que está fuera del CCE desde abril pasado por un adeudo en cuotas que supuestamente ya se pagó y por diferencias con Octavio de la Torre, presidente de Concanaco, quien en contra de la opinión del CCE, manifestó su apoyo a la reforma del Infonavit.
Aunque se afirma que el enfrentamiento fue con De la Torre y que en principio Concanaco no ha sido expulsada del CCE, en su página web no aparece entre sus miembros, a pesar de que es uno de los organismos fundadores.
Desde luego, Concanaco no votará en la elección oficial de Medina Mora, que se realizará el 10 de diciembre, a pesar de que tiene derecho a voto.
Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, que preside María de Lourdes Medina, también está hoy fuera del CCE y la razón es por adeudos de cuotas, pero lo que pretende Medina Mora es avanzar en inclusión empresarial y no se descarta su regreso en cuanto regularice su situación financiera.
¿Qué sigue para Grupo Salinas?
Tal y como se esperaba, la nueva Suprema Corte de Justicia decidió en forma unánime desechar los últimos recursos de Grupo Elektra y TV Azteca que tendrá que pagar al SAT, un adeudo original por 33,000 mdp que con recargos y multas supera los 40,000 mdp.
Grupo Salinas emitió un comunicado protestando por la resolución, que insiste en calificar de un doble cobro de impuestos del SAT y se dice víctima política de la 4T. Se queja de que el SAT no ha respondido a sus solicitudes de cuantificar el monto sin “cobros dobles e ilegales” y anuncia que recurrirá a instancias internacionales.
La presidenta Sheinbaum abordará ampliamente el tema hoy en La Mañanera y continuará con sus críticas hacia Salinas Pliego. La duda ahora es qué medidas adoptará el gobierno para cobrar el millonario adeudo, porque en varias ocasiones ha asegurado que no habrá negociaciones y tendrá que pagar.
Está en jaque no sólo Elektra sino TV Azteca y, desde luego, afectará también a Banco Azteca. Un pleito de antología.
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