En septiembre se registraron 1,810 denuncias, un alza del 23% respecto a 2024; especialistas alertan sobre impunidad y corrupción estructural.
Juan R. Hernández
Ciudad de México.- De acuerdo con el más reciente estudio de TResearch.Mx, basado en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en septiembre de 2025 se registraron 1,810 denuncias por delitos cometidos por servidores públicos, lo que representa un incremento del 23% respecto al mismo mes del año anterior (1,472).
Durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, los delitos atribuidos a funcionarios públicos acumulan ya 14,441 casos, y se concentran principalmente en tres entidades: Ciudad de México (3,278), Estado de México (2,693) y Nuevo León (1,330), que en conjunto reúnen el 51% de las denuncias nacionales.
Si se mide por tasa poblacional, la capital del país encabeza también la lista con 356 denuncias por cada millón de habitantes, seguida por Baja California Sur (299) y Quintana Roo (266), lo que revela un problema persistente en el control interno de las instituciones públicas.
Las cifras confirman que la corrupción y el abuso de autoridad siguen presentes en distintos niveles de gobierno, pese a los compromisos de transparencia y rendición de cuentas. De hecho, TResearch advierte que, aunque los registros muestran una tendencia a la baja respecto a 2024 —cuando se reportaron 18,698 casos anuales—, la incidencia mensual mantiene una curva ascendente durante 2025.
Especialistas consultados señalan que la falta de sanciones ejemplares y la opacidad en los procesos administrativos alimentan un clima de impunidad que erosiona la confianza ciudadana. “El problema no es sólo la cantidad de denuncias, sino la ausencia de consecuencias. Muchos casos quedan en el limbo”, advierte un investigador en temas de seguridad pública.
En contraste, entidades como Durango, Tlaxcala y Campeche reportaron los niveles más bajos de delitos cometidos por servidores públicos. Sin embargo, analistas subrayan que en algunos estados los bajos números podrían reflejar subregistro o falta de denuncias, más que una disminución real del fenómeno.
A la par, organismos civiles y académicos insisten en fortalecer los mecanismos de control interno, auditoría y participación ciudadana, como única vía para revertir una tendencia que, según los datos, ha costado al país más de 14 mil investigaciones en poco más de un año y medio de gobierno.
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