Redacción
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez envió al Congreso del Estado de México una iniciativa de reforma al Código Penal estatal para sancionar el acoso sexual desde la primera denuncia y aumentar las penas para quienes reincidan. La propuesta también contempla sanciones contra policías y ministerios públicos que se nieguen a atender o recibir denuncias de víctimas.
La iniciativa forma parte del respaldo al Plan Integral contra el Abuso Sexual impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es garantizar atención, justicia y protección a las víctimas de delitos sexuales. Este plan incluye la homologación del abuso sexual como delito grave, así como acciones de capacitación institucional y campañas de concientización para fomentar la denuncia.
La propuesta elimina la condición de reincidencia que limitaba la aplicación de sanciones por acoso sexual. De esta manera, cualquier conducta de este tipo podrá castigarse desde el primer reporte, ya sea que ocurra en espacios públicos, centros laborales o medios de transporte.
De acuerdo con el texto enviado al Congreso, la reforma introduce agravantes cuando el acoso se cometa aprovechando una situación de vulnerabilidad, desventaja o riesgo para la víctima, lo que permitirá incrementar las penas hasta en una mitad según la gravedad del caso.
De manera adicional, se plantea la creación de un nuevo tipo penal que sancione a servidores públicos que obstaculicen el acceso a la justicia. Los funcionarios que se nieguen a recibir denuncias, o bien intimiden o disuadan a las víctimas, podrían enfrentar de dos a seis años de prisión, además de destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo equivalente a la pena impuesta.
El decreto también dispone que toda interpretación y aplicación del delito de acoso sexual deberá incorporar la perspectiva de género, así como considerar las condiciones de vulnerabilidad de la víctima, con el fin de garantizar un acceso real y efectivo a la justicia.
Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado de México busca fortalecer la protección de las mujeres y sentar las bases de una política integral contra la violencia sexual, en la que las instituciones actúen con responsabilidad y sensibilidad frente a cada denuncia.
La administración estatal subrayó que estas medidas forman parte del compromiso de la gobernadora Delfina Gómez de consolidar un Estado de México más seguro y libre de violencia, donde las víctimas sean escuchadas y reciban atención con respeto y dignidad.
