Desplazados del sector Santa Marta, en el municipio de San Pedro Chenalhó, instalaron un plantón indefinido frente a la Sede Central de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, para exigir justicia y seguridad por los hechos de violencia ocurridos el 24 de junio y el 29 de septiembre de 2022, cuando más de 200 personas indígenas fueron víctimas de un ataque armado derivado de una disputa agraria en los límites con Aldama.La movilización partió desde el parque 5 de Mayo hasta el parque central, donde hombres, mujeres, adultos mayores y niños anunciaron que permanecerán en el lugar “hasta tener una respuesta favorable” por parte de las autoridades estatales.
Los desplazados acusan complicidad entre autoridades locales y grupos armados del sector Santa Marta / Thiaré García/El Heraldo de Chiapas
“Decidimos venir a un plantón indefinido aquí, en el Palacio de Gobierno, hasta que nos den una respuesta. Si no, podemos quedarnos los meses que sea necesario; no hay otra opción porque no hay solución a nuestras demandas”, declaró Manuel Gómez Velasco, representante de los desplazados.
De acuerdo con Gómez Velasco, los ataques que provocaron el desplazamiento fueron realizados con armas de grueso calibre. “Fuimos desplazados por disparos de armas de alto poder. Tenemos evidencias y fotografías que presentamos ante la Fiscalía Indígena, pero el gobierno no actúa, como si portar armas no fuera un delito”, denunció.
Actualmente, los desplazados viven refugiados en una bodega ubicada en la comunidad zapatista San Pedro Polhó, también en el municipio de Chenalhó. Ahí sobreviven en condiciones precarias, sin empleo y con escaso apoyo gubernamental. “Hay mucho sufrimiento en el campamento. No tenemos trabajo ni recursos. El gobierno envía algunos insumos, pero no alcanzan para las familias grandes”, lamentó el vocero.
El representante añadió que nueve familias intentaron retornar a Santa Marta, pero viven bajo amenazas de muerte, por lo que el resto del grupo rechaza volver mientras no existan garantías de seguridad. “Queremos retornar, pero que sea un retorno seguro, no que solo nos dejen allá y nos expongan otra vez al peligro”, dijo.
Los desplazados denunciaron que, a más de tres años de los hechos, los responsables continúan en libertad y que cinco personas permanecen desaparecidas. Pese a los llamados, la Comisión de Búsqueda no ha ingresado a la zona. “Nos dicen que no hay recursos para que entren, pero sabemos que sí los hay; solo nos dan excusas”, señaló Gómez Velasco.
En su pronunciamiento público, exigieron la búsqueda inmediata de los desaparecidos, la reparación de daños materiales, y el cumplimiento de minutas firmadas que, aseguran, han sido ignoradas por el gobierno actual. También denunciaron complicidad entre autoridades municipales y grupos armados del sector Santa Marta.
La comunidad desplazada pide ser atendida directamente por el gobernador y el fiscal del estado para garantizar compromisos reales / Thiaré García/El Heraldo de Chiapas
“A tres años de nuestro desplazamiento solo nos han engañado. Cumplen con mentiras y buscan excusas para ocultar los crímenes cometidos en septiembre de 2022 en complicidad con el ayuntamiento de Chenalhó”, afirmaron.
Finalmente, advirtieron que no aceptarán diálogo con funcionarios intermedios y que solo se reunirán con el gobernador y el fiscal general hasta obtener compromisos concretos. “Exigimos justicia verdadera, no simulacros. Nacer en extrema pobreza no debe ser sinónimo de injusticia”, concluyeron.(Thiaré García/El Heraldo de Chiapas)
