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En los tiempos estelares de la llamada 4 Transformación todo lo malo que ocurre en el país (un pipazo mortal, el desabasto de medicamentos, el asesinato de algún político, los desaparecidos… lo que sea) siempre forma parte de una campaña de desprestigio encaminado a ensuciar tanto al movimiento y a su santo patrono, el expresidente Obrador.

Las víctimas (las verdaderas víctimas), los muertos, los afectados, los agraviados, jamás son reconocidos como tales. En el peor de los casos terminan siendo señalados como golpistas y enemigos del régimen, porque desde la visión de los ahora dueños del poder, las víctimas son ellos.

Y nadie más…

Ahí tienen el artero y cobarde asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el sábado pasado mientras el edil convivía con los uruapenses en pleno festejo del Día de Muertos. Supuestamente, de acuerdo a funcionarios federales, el edil gozaba de la protección de 14 o 16 elementos de la Guardia Nacional a quienes se les coló un asesino solitario de 19 años para propinarle a quemarropa siete disparos de arma de fuego. O sea, 14 o 16 agentes de la GN a quienes les valió madre proteger a su objetivo en un lugar de alto riesgo (la calle, un evento masivo) o simplemente decidieron voltear para otro lado al momento del ataque.

Las autoridades ya salieron a declarar que no habrá impunidad en este caso. Por lo tanto jamás sabremos quién ordenó la ejecución de este hombre que era esposo de alguien, papá de alguien, hijo de alguien, amigo de alguien…

El pasado 8 de octubre Manzo dio a conocer que los 200 miembros de la GN que habían llegado a Uruapan para reforzar la seguridad fueron retirados. ¿Por qué?, ¿quién ordenó eso?, ¿acaso se trató de una represalia?

Pero eso sí, desde el oficialismo ya tienen identificado al culpable de este crimen: El expresidente Felipe Calderón, quien dejó el poder hace 13 años pero aún se las arregla para perjudicar al país y a la cuatroté. Sí algo malo ocurre en México, tengan por seguro que Felipe es el responsable.

De acuerdo a un reporte publicado en febrero pasado por “World Population Review”, México encabeza el Top 5 de las ciudades más violentas del mundo: 1.Los Cabos, Baja California; 2.Acapulco, Guerrero; 3.Tijuana, BC; 4.La Paz, BC y 5.Ciudad Victoria, Tamaulipas. En otros rankings -el de Statista, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que pertenece al gobierno- siempre está Uruapan, cuyo tejido social comenzó a pudrirse acelerada y dramáticamente, eso sí, a partir de que Felipe Calderón llegó a la Presidencia en 2006.

Pero para entender la magnitud de lo que ocurre en Michoacán, no sólo en Uruapan, habría que hacer un recuento de los más recientes gobernadores de esta entidad, quienes cínicamente le han puesto la alfombra roja al crimen organizado: Víctor Manuel Tinoco Rubí (1996-2002), Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008), Leonel Godoy Rangel (2008-2012), Fausto Vallejo (2012-2014), José Jesús Reyna (interino en 2013), Salvador Jara (2014-2015), Silvano Aureoles (2015-2021) y el actual, Alfredo Ramírez Bedolla, quien llegó al cargo en 2021. Priistas, perredistas y morenistas (ningún panista) a quienes, sin excepción, les han ventilado y documentado sus vínculos con el crimen organizado.

Así que, no nos hagamos tontos.

 

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