Alrededor de las 8:30 de la noche del sábado, Carlos Manzo estaba en medio de la plaza de Uruapan, el municipio que gobernaba. Estuvo apenas separado de la multitud de la plaza por una valla metálica pequeña. El equipo de seguridad amplio que tenía desde diciembre y se reforzó en mayo, según el secretario de Seguridad federal, no se notaba entre toda la gente que lo rodeaba.
El presidente municipal de Uruapan presumió la reactivación económica del centro del municipio y también habló con los reporteros de los operativos de seguridad que había de manera coordinada con el gobierno municipal.
Llevaba a su hijo pequeño en brazos, todavía le enseñó los juegos pirotécnicos que se lanzaron varias veces para arrancar la fiesta.
Según las transmisiones en redes sociales de los periodistas en Michoacán, la plaza estaba abarrotada para el festival de velas Uruapan 2025. Mientras se hacía la inauguración, alguien se acercó al presidente municipal, Carlos Manzo y disparó al menos seis veces. El presidente municipal murió minutos después.
Desafortunadamente, el escenario no es ajeno en el estado de Michoacán, Manzo es al menos el séptimo presidente municipal que ha sido asesinado desde 2022. En todas las ocasiones, las autoridades del estado han expresado sus condolencias, han dicho que se llegaría a aclarar el crimen y condenaban los ataques.
Esta vez incluso el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla acudió al velorio del presidente municipal. La gente que estaba presente y los familiares lo recibieron con abucheos, con reclamos y con la exigencia de encontrar a los responsables.
Lo preocupante esta vez es que desde diciembre, Carlos Manzo había tenido en su municipio apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército.
Anunció que se tenía coordinación con la Secretaría de la Defensa, agradeció el apoyo que brindaban las autoridades federales. “Estamos viendo las primeras señales de que se va a venir a apoyar Uruapan”, dijo en una entrevista en junio y confiaba en que podía recuperarse la paz social en el municipio.
Se habían reforzado los operativos, se tenía una comunicación constante con el Gobierno federal y con las autoridades de seguridad. Según las declaraciones del presidente municipal se tenían avances, pero a pesar de eso —o quizá debido a ello— lo asesinaron.
Y aquí es cuando viene la duda genuina: ¿qué hacemos con los municipios azotados por la violencia?
Parecía que todo lo que podía hacerse en Uruapan se hizo. El llamamiento a la ayuda federal, la cooperación con las dependencias, la denuncia de las autoridades locales. La presencia de quienes están a cargo de la seguridad. Todo lo que podía hacerse para restablecer la paz se hizo y aún así, costó caro.
¿Qué hacemos ahora? Las autoridades federales recién estuvieron en Michoacán, reforzaron operativos con la intención de limpiar la zona de extorsionadores, de asesinos. Parece que todo lo que tenía que hacerse se hizo y sin embargo la violencia sigue retadora y amenazante.
@Micmoya
