A pesar de constituir una acción agresiva que pudiera considerarse casi como declaración de guerra, los ataques de Estados Unidos contra lanchas presuntamente del narcotráfico revelan enfoques unilaterales extrajudiciales y de extraterritorialidad, pero estarían exhibiendo una de las rutas más importantes del tráfico de drogas de América Latina hacia EU.
Los ataques con misiles o cañones a lanchas y la muerte de sus tripulantes también estarían mostrando la falta de políticas decisivas de seguridad de países involucrados en el narcotráfico a Estados Unidos -sobre todo Colombia,Venezuela y México-, porque la droga se mueve hacia los de EU por aire, mar, tierra, subsuelo y migrantes.
México tiene razones para protestar por la destrucción explosiva de presuntas narcolanchas, pero también tendría la necesidad de desarrollar una estrategia de seguridad que le hiciera recuperar la horadación de parte de la zona marítima que está en manos del narcotráfico.
Estados Unidos y los países afectados por las narcolanchas tienen que aclarar de manera inmediata los elementos que tienen que ver con esos medios clandestinos de transporte que presuntamente trafican droga: a qué cártel pertenecen, qué autoridades locales permiten la instalación de oficinas distribuidoras de drogas en playas y puertos y sobre todo la urgencia de que las fuerzas navales de los tres países afectados tengan políticas interrelacionadas para cerrar de antemano las rutas marinas al tráfico de drogas a través de lanchas, barcos y submarinos improvisados.
Es decir, el tema central es el de la producción y envío de estupefacientes a Estados Unidos a través de países que oficialmente estarían combatiendo la producción y tráfico de drogas, pero que de algunas maneras son utilizados por los cárteles del narcotráfico para seguir inundando de droga a EU.
Y queda el último tema, quizá el más delicado: Estados Unidos ya decretó al narcotráfico como narcoterrorismo y en temas de seguridad nacional Washington no tiene límites.
Zona Zero
Desde hace tiempo la violencia política del crimen organizado se ha asentado en algunas plazas de manera agresiva: Sinaloa, Guerrero y Michoacán están padeciendo ataques de asesinatos de funcionarios locales por hechos que están vinculados a la delincuencia que sigue creciendo en esos territorios. Ya no se trata de delincuencia de fuero común, sino de crimen organizado que está exigiendo lo más pronto posible que las autoridades federales intervengan con toda la fuerza del Estado.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh
