El asesinato de Carlos Manzo, alcalde del municipio michoacano de Uruapan, no solo fue un reto al gobierno sino un mensaje ominoso para todo aquel que decida denunciar o enfrentar a la delincuencia organizada.
Terrible mensaje este.
Manzo se había hecho popular no solo en su estado y municipio sino en todo el país pues fue el primer alcalde (quizá el único) que públicamente rechazó y condenó la inútil política criminal de los abrazos en lugar de los balazos.
“Claro que tengo miedo’’, dijo en una de sus entrevistas, luego de que fuera cobrando popularidad y seguidores a partir de su decisión de ordenar a sus policías municipales disparar cuando fueran agredidos.
Al día siguiente de esa declaración, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó y condenó la orden, y repitió el largo discurso sobre el Estado de derecho y que si los derechos humanos y todo lo que ya sabe de memoria.
Pues el discurso presidencial no alcanzó para salvarle la vida al edil, asesinado a corta distancia por un sicario que fue abatido.
“Tenía protección federal’’, justificó la Presidenta.
Pero el horror estriba en que, pese a los 14 guardias nacionales y policías municipales, un asesino pudo acercarse a tres metros para disparar siete tiros antes de ser abatido.
Catorce guardias que tendrían que ser llamados a cuenta por ineptos, omisos o quizá cómplices.
Si un funcionario público con 14 guardaespaldas supuestamente entrenados puede ser asesinado, ¿qué le espera a un ciudadano común que se crea eso de que denunciar delincuentes es la solución al problema de la inseguridad?
Lo mismo le ocurre al líder de los productores de limón en Apatzingán, hace tres semanas, Bernardo Bravo Manríquez.
Denunció ante las autoridades a los extorsionadores, les dio nombres y direcciones y fue asesinado.
Ah, por cierto, también tenía escolta.
Muerto Manzo, un líder incómodo para el gobierno local que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla y hasta cierto punto para el Gobierno federal por sus insistentes cuestionamientos a la estrategia de seguridad, el Gabinete que debió atender sus llamadas nos regaló una cascada de datos sobre detenciones, decomisos de armas y drogas, de tropas desplazadas “también en Uruapan’’, que ni siquiera sirven para mitigar la culpa que les endilga medio país.
El gobierno no pudo proteger a este alcalde y ahora el crimen organizado, en una demostración de fuerza sumaria, le pone el dedo en los labios a la ciudadanía.
Shsssss, calladitos se ven más bonitos.
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Los productores de maíz que no aceptaron el trato que firmaron el Gobierno federal y sus homólogos de Jalisco y Guanajuato, son sujetos de una despiadada campaña en redes, sobre todo de cuentas ligadas a Morena.
Bastó que la presidenta Sheinbaum los acusara de tener “intereses políticos’’ ligados al PRIAN para que, en bola, se generara una campaña acusando a los dirigentes de pertenecer a la oposición.
La intensión es, justifican, “causarle problemas a la presidenta’’, que antes del acuerdo firmado consideró “justificadas’’ las exigencias de los productores de maíz.
Ahora ya no son justificadas, aunque quienes protestan no firmaron el acuerdo.
Para Morena y el gobierno, ya también hay productores “buenos’’ y productores “conservadores, malos’’, que no quieren mejores precios sino solo joder.
¡Biba la unidat!
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La madrugada del sábado fue asesinado en La Ruana, Michoacán, Alejandro Torres Mora, sobrino del fundador de los grupos de autodefensa, Hipólito Mora, muerto en una emboscada en el 2023.
Según su familia, Torres Mora fue asesinado, junto con su esposa, por “Los Viagras’’, pero la Fiscalía de Michoacán, aseguró que se trató de un “ataque’’ a elementos de la Defensa que dejó 2 muertos.
¿Quién miente?
@adriantrejo
