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Habitantes y trabajadores del ayuntamiento acusan a la alcaldesa de mantener una red de padrinazgo político y nepotismo que concentra poder y beneficios

Mario López
GRUPO CANTÓN

En Jaltenco, habitantes y empleados municipales señalan la existencia de presuntas prácticas de “padrinazgo político y nepotismo” dentro de la administración, encabezada por la alcaldesa María del Rosario Payne Islas, de Morena.

Los señalamientos apuntan a que diversas decisiones, contrataciones y designaciones se realizan bajo la influencia de Ángel Adriel Negrete Avonce, identificado por vecinos como su principal operador político y presunto beneficiario de contratos y favores institucionales.

De acuerdo con documentos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), el municipio presentó observaciones en la administración de plazas y nómina, con al menos 16 puestos que exceden el número autorizado y dos categorías no reconocidas en el tabulador oficial.

Las inconsistencias han alimentado las sospechas sobre contrataciones a personas cercanas a funcionarios municipales o con vínculos políticos directos.

Las críticas también se extienden a la falta de transparencia en la publicación de contratos, licitaciones y nómina. El portal oficial del ayuntamiento muestra información limitada o desactualizada, lo que dificulta la verificación ciudadana sobre quiénes ocupan los cargos públicos o qué empresas fueron favorecidas en las obras.

Diversos testimonios recabados entre el personal del ayuntamiento aseguran que algunas plazas de confianza y direcciones municipales, fueron asignadas a personas vinculadas “con el grupo político de Negrete Avonce, quien mantiene influencia en la toma de decisiones dentro del gobierno local. Esta red de afinidades”, según denuncias vecinales, ha generado inconformidad entre trabajadores municipales y comunidades que exigen una administración basada en mérito y transparencia, no en compromisos personales o favores políticos.

Organizaciones vecinales y civiles, demandan que el gobierno local rinda cuentas sobre el uso de recursos públicos y las designaciones laborales, además de exigir la intervención de los órganos estatales de control.

Afirman que mientras no haya claridad sobre el manejo del presupuesto y los vínculos personales en el gobierno, persistirá la desconfianza hacia la administración municipal.

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