Morena pretende dejar vacante, hasta el 2027, el lugar que ayer dejó Janine Otálora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque la Constitución establece un mecanismo para que el Senado nombre a su sucesor.
A los morenistas les conviene tener un Tribunal “mocho’’, incompleto, como ya se vio en la elección del 2024.
Dos magistrados de los siete que componen el Tribunal habían dejado su lugar pero Morena se negó sistemáticamente a designar a sus remplazos, de tal suerte que, para calificar la elección presidencial, se tuvo que recurrir a un “magistrado decano’’ para completar el número mínimo de integrantes que debía tener el organismo.
La ausencia de los dos magistrados después de la elección presidencial, permitió a Morena y sus rémoras presionar para que la mayoría (3 de 5) les concediera una mayoría legislativa artificial que no se correspondía con el porcentaje de votos obtenidos en las urnas.
Si ya el Tribunal se encuentra colonizado por Morena, un magistrado menos les facilitará, aún más cualquier decisión o trámite.
La Constitución en su artículo 98, como explicó la senadora del tricolor Carolina Viggiano, establece que, quien haya obtenido el segundo lugar en las votaciones de junio, en la renovación del Poder Judicial, tendrá derecho a acceder al cargo vacante en el Tribunal.
Otálora dejó el cargo después de cumplir el periodo de nueve años para el que fue propuesta a pesar de que la propia reforma electoral le permitía quedarse en el puesto hasta el 2027.
Ahora veremos qué tan distinto es el nuevo Poder Judicial, al que pertenece el Tribunal Electoral, y si deja pasar dos años antes de que nombre a la sucesora de Otálora aunque no le convenga al partido en el poder.
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Primero fue la reforma a la Ley Aduanera, en donde los legisladores de Morena, el Verde y el PT, decidieron dejar fuera de las responsabilidades penales a ¡los funcionarios de Aduanas! y el martes redujeron las penas a los servidores públicos que, sabiendo de una extorsión, no la denuncien.
Los diputados de la triada oficial incluyeron una reserva mediante la cual se propuso reducir la pena originalmente planteada en la iniciativa presidencial de 10 hasta 20 años de cárcel para funcionarios que no denunciaran una extorsión.
La reserva, aprobada por supuesto, modificó la pena de 5 a 12 años, sin que mediara una razonable justificación.
Parece que los morenistas, los verdes y los petistas (¡hasta el MC votó a favor!) están tratando de curarse en salud, de protegerse entre sí, no vaya a ser que le toque a alguno de los santones del cambio verdadero.
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó conocer ese cambio pero Ricardo Monreal, pastor de los guindas, dijo que sí le había informado a la Consejería Jurídica, que encabeza Ernestina Godoy y que si no le pasó la información a su jefa, que le reclamen a ella.
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Poco le duró el gusto al secretario de Agricultura, Julio Berdegué, quien el miércoles pasado anunció casi jubiloso un acuerdo con los productores de maíz de Jalisco, Guanajuato y una parte de los michoacanos.
Ayer, varios puntos del Bajío y del importantísimo Arco Norte que rodea a la capital del país, fueron bloqueados por productores de maíz de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, y de sorgo en el Bajío.
Lo terrible del caso es que hay personas varadas desde hace casi 48 horas sin comida ni agua.
Hasta la planta de Audi en Puebla tuvo que parar operaciones porque debido a los cierres carreteros se quedó sin material para trabajo.
¿Qué está pasando?
@adriantrejo
