La administración de Donald Trump inició una amplia reestructuración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con el fin de endurecer su política de deportaciones y acelerar los arrestos de migrantes. La medida implica el desplazamiento de casi la mitad de los directores regionales y la sustitución de los altos mandos por funcionarios de la Patrulla Fronteriza, reconocidos por aplicar tácticas más agresivas.
Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron a medios estadounidenses que los cambios alcanzarán hasta una docena de las 25 oficinas de campo. El proceso estaría liderado por Corey Lewandowski, asesor cercano al magnate republicano.
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De acuerdo con reportes, la Casa Blanca considera que ICE ha sido “demasiado lento” en cumplir los objetivos fijados por el estratega Stephen Miller: tres mil detenciones diarias, casi el triple del promedio actual.
Trasladan a lideres en operaciones fronterizas a LA, Chicago y Filadelfia
El viraje implica trasladar a líderes con experiencia en operaciones fronterizas hacia las grandes ciudades, como Los Ángeles, Chicago y Filadelfia, donde se reforzarán las redadas. Las autoridades esperan que el enfoque de la Patrulla Fronteriza —caracterizado por incursiones masivas en espacios públicos y centros laborales— incremente los resultados en materia migratoria.
El cambio ha profundizado las tensiones internas. La secretaria de Seguridad, Kristi Noem, aboga por priorizar a migrantes con antecedentes penales, mientras que Tom Homan y el director del ICE, Todd Lyons, defienden una política sin excepciones: “si estás en el país ilegalmente, estás sobre la mesa”, dijo Homan.
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En paralelo, el Pentágono ordenó crear “fuerzas de reacción rápida” con 23 mil 500 miembros de la Guardia Nacional, entrenados para controlar disturbios vinculados a la política migratoria o al proceso electoral. Analistas advierten que la medida podría normalizar una fuerza policial militarizada bajo control federal.
La reorganización de ICE, acompañada por el fortalecimiento del aparato de seguridad interna, consolida una nueva etapa en la política migratoria de Trump: una que combina el uso ampliado de la fuerza con el respaldo de estructuras militares y policiales, bajo un discurso de “cumplimiento de la ley” que promete acelerar deportaciones a gran escala y endurecer el control sobre los indocumentados en territorio estadounidense.
