La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por mayoría de votos, aceptó el impedimento de la ministra María Estela Ríos, para que ella no sea quien defina si Lenia Batres y Yasmín Esquivel pueden participar en la discusión final de un juicio de amparo de Grupo Elektra, que se disputa el pago de impuestos por 33 mil millones de pesos con las autoridades hacendarias.
El proyecto se aprobó con el argumento de que la ministra Ríos tuvo una relación laboral con Batres, en la Consejería Jurídica de la Presidencia en el sexenio pasado.
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Durante la discusión, la ministra Batres votó en contra por considerar que la relación laboral no era suficiente para un impedimento.
En los próximos días, la nueva Corte resolverá el amparo de Grupo Elektra en el que se disputa con las autoridades hacendarias el pago de 33 mil millones de pesos de créditos fiscales vencidos, en asuntos que datan de más de 8 años.
Suprema Corte atrae dos asuntos más
Durante la sesión de este miércoles, la Suprema Corte decidió atraer dos asuntos de relevancia que podrían permitirle fijar criterios importantes en materia de contratos públicos y de protección al derecho a los alimentos.
En el primer caso, el Máximo Tribunal analizará una controversia relacionada con una institución financiera pública que otorgó un crédito bajo la figura de contrato revolvente —un tipo de préstamo que puede usarse y pagarse varias veces—. La Corte estudiará si, en este contexto, dicha institución puede ser obligada a cubrir una deuda que corresponde a otra persona.
Foto: Cuartoscuro | La Suprema Corte aceptó el impedimento de la ministra María Estela Ríos, para que ella no sea quien defina si Lenia Batres y Yasmín Esquivel participen en el caso.
El análisis permitirá delimitar los alcances de responsabilidad de las instituciones públicas cuando intervienen en contratos mercantiles, así como ofrecer mayor certeza jurídica a la ciudadanía. En particular, se busca contribuir a que las relaciones contractuales sean más claras y justas, evitando que alguien sea obligado a pagar una deuda que no contrajo.
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El segundo caso se refiere a la forma en que deben establecerse las obligaciones alimentarias en conflictos familiares donde podrían existir actos de violencia vicaria. Con este estudio, la Suprema Corte podría profundizar en la aplicación del interés superior de la niñez y la perspectiva de género en decisiones relacionadas con la pensión alimenticia.
El análisis permitirá valorar cómo garantizar una protección efectiva a niñas y niños, considerando las dinámicas de violencia familiar.
Al atraer estos asuntos, la Nueva Corte reafirmó “su compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho y con una justicia sensible a las realidades sociales”.
