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Juzgadores, cesados por la reforma judicial y reemplazados por las personas electas, informaron que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) solicitará una ampliación presupuestal de 6 mil 500 millones de pesos para pagar sus indemnizaciones.

El exmagistrado Froylan Muñoz, uno de los principales opositores a la reforma judicial, señaló que la indemnización es un derecho constitucional, por lo que de no entregarse, tomarán otro tipo de medidas.

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En agosto pasado, se informó que las liquidaciones de jueces y magistrados afectados por la reforma judicial están en riesgo, y la responsable es Nacional Financiera (Nafin), debido a la sustracción de recursos de fideicomisos de la Judicatura y su traslado a la Tesorería de la Federación (Tesofe) de manera ilegal, señaló María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.

En entrevista con 24 HORAS, la magistrada saliente recordó que la reforma judicial señaló que los recursos de los fideicomisos se utilizarían para pagar un beneficio económico consistente en tres meses de salario y 20 días por cada año trabajado a cada juzgador que perdió su empleo o participó en la elección y no ganó.

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Las reglas se han incumplido por Nafin, porque “en lugar de haber entregado los recursos a quien debía, lo que hace es hacerle caso a otra autoridad, que no era parte de la Judicatura, para entregarlo a un tercero, entonces ese dinero lo distraen del objetivo constitucional, entonces hay que ver dónde está el dinero”.

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