Redacción
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez aseguró que su administración mantiene un gobierno de puertas abiertas para atender y escuchar a quienes operan pozos y sistemas de distribución de agua en el Estado de México, pero advirtió que la ley se aplicará con firmeza a quienes continúen actuando fuera del marco legal.
La mandataria estatal precisó que la estrategia Operación Caudal no busca perseguir, sino ordenar y proteger un recurso que pertenece a todas y todos. “Hay buena disposición de los presidentes municipales, del Poder Judicial, la Fiscalía, CAEM y Conagua. Se están realizando reuniones por regiones. No es una cacería ni se busca afectar a quienes nos brindan un servicio, pero sí es regular”, afirmó.
Delfina Gómez subrayó que el proceso de regularización no debe interpretarse como castigo, sino como un acto de justicia ambiental y social. “El agua es un bien común. Quien actúa conforme a la ley no tiene por qué preocuparse; los que infringen la ley tienen que cumplir la sanción”, puntualizó.
La gobernadora destacó que el Gobierno del Estado de México continuará facilitando los trámites y permisos necesarios para el uso responsable del agua, al tiempo que se mantendrá firme frente a quienes lucren o abusen de un recurso vital. “Estamos en la mejor disposición de que se regule lo que se tenga que regular, pero también de que se aplique la sanción a quien se le tenga que aplicar”, señaló.
Gómez Álvarez informó que se mantienen abiertos los canales de diálogo con municipios, autoridades federales y operadores del sector hidráulico, con el propósito de avanzar en la regularización y garantizar una distribución equitativa y sustentable.
Asimismo, reconoció el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional en las acciones de supervisión y control del uso del agua, cuyo objetivo es combatir el acaparamiento y las prácticas ilegales que niegan el acceso a comunidades enteras.
La mandataria reiteró que Operación Caudal continuará bajo un esquema de coordinación interinstitucional, enfocado en asegurar que el agua llegue de manera justa y transparente a la población, protegiendo un recurso esencial para el bienestar de las familias mexiquenses.
