Ante la crisis de extorsiones en el país, este martes la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Extorsión, que castiga con hasta 25 años de prisión este delito en toda la Federación.
Esto mientras en Michoacán el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, dialogaban con limoneros, víctimas de este crimen, en un caso que recientemente alcanzó su clímax con el homicidio de su líder.
Tras la reunión, García Harfuch indicó que se reforzará la seguridad en la entidad y que “no quedará impune” el homicidio de Bernardo Bravo, quien alzaba la voz contra la extorsión en el Valle de Apatzingán.
En la reunión con los productores limoneros participó el gobernador Alfredo Ramírez.
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El funcionario federal destacó que acudió a “Apatzingán, Michoacán, para escuchar sus inquietudes y fortalecer las acciones conjuntas frente a los delitos de extorsión y cobro de piso. Se reforzarán las operaciones conjuntas del Gabinete de Seguridad, Fiscalía de Michoacán y Secretaría de Seguridad estatal, así como las acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector productivo”.
El 23 de octubre pasado, 24 HORAS publicó que en Durango empresarios son extorsionados para vender su ganado a acaparadores a un precio menor al del mercado.
En San Lázaro avalan Ley General de Extorsión
Mientras tanto, el pleno de la Cámara de Diputados avaló la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, que castiga hasta con 25 años de prisión dicho delito.
Por unanimidad el pleno de San Lázaro avaló en lo general el dictamen, con 456 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, en una jornada con las curules llenas, debido al fin de las sesiones semipresenciales.
El dictamen destaca diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El diputado morenista Julio César Moreno Rivera señaló que “la extorsión no conoce fronteras, porque hasta hoy cada estado de la República tenía su propia definición y su propio castigo, lo que generaba vacíos, contradicciones y hasta impunidad”, subrayó.
Reiteró que la ley pone al centro a la víctima y no al delincuente y se investigará a la extorsión de oficio
Por su parte, el diputado panista José Guillermo Anaya Llamas resaltó que la Ley General obliga y faculta a los tres órdenes de gobierno a actuar de manera coordinada, sin embargo, esto “requiere presupuesto… cuando estamos hablando de que no habrá presupuesto para implementar estas medidas, pues estamos mandando a los policías y a todo el sistema judicial a una guerra sin fusil”, señaló.
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Extraña reserva
En lo particular, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, junto con los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano presentaron una reserva para aplicar una pena de cinco a doce años de prisión y de 600 a 3 mil Unidades de Medida y Actualización a los servidores públicos que tengan atribuciones en la materia de prevención, investigación y persecución de los delitos que no denuncien los casos de extorsión.
Sin embargo, en el dictamen que se avaló en lo general se planteaba aplicar una pena de diez a veinte años de prisión a los servidores públicos.
