Suman ya 38 señalamientos contra el exgobernador tabasqueño por presunta corrupción y desvíos millonarios
Redacción
Grupo Cantón
Ciudad de México.- La diputada suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, presentó este miércoles una nueva denuncia formal ante la Contraloría Interna del Senado contra el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández. Con esta acción, la legisladora acumula 38 denuncias por presuntas irregularidades cometidas durante la gestión del exgobernador de Tabasco, incluyendo desvíos no solventados por más de 800 millones de pesos.
La denuncia más reciente señala posibles faltas administrativas graves y delitos penales como cohecho, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y ocultamiento de conflicto de interés. Según Pérez-Jaén, la acusación se sustenta en investigaciones periodísticas y documentos oficiales que revelarían ingresos no declarados por 79 millones de pesos, presuntamente provenientes de empresas contratistas del gobierno tabasqueño entre 2018 y 2022.
Entre las firmas señaladas figuran GH Servicios Empresariales S.A. de C.V., identificada por el SAT como empresa con operaciones simuladas (EFOS), además de Operadora Turística Rabate y Capital Cargo del Golfo, beneficiadas con adjudicaciones directas durante la administración de López Hernández.
“La omisión de declarar dichos ingresos constituye una falta administrativa grave, y podría configurar delitos como defraudación fiscal equiparada, cohecho y enriquecimiento ilícito”, afirmó la legisladora, quien solicitó una investigación integral sobre la evolución patrimonial del senador, incluyendo sus declaraciones fiscales y patrimoniales de los ejercicios 2022 a 2025.
Pérez-Jaén pidió la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Fiscalía General de la República (FGR) y el SAT, para verificar la existencia real de las operaciones declaradas. También solicitó dar vista al Ministerio Público, al considerar que existen elementos suficientes para abrir una investigación penal.
La diputada recordó que entre 2019 y 2020 presentó 37 denuncias ante la FGR por irregularidades no solventadas en Tabasco, por un monto cercano a los 800 millones de pesos. “Han pasado cinco años, un gobernador interino y ahora Javier May, y esos recursos siguen sin aclararse. ¿Dónde quedaron esos 800 millones?”, cuestionó.
Además, vinculó su denuncia con las revelaciones del colectivo Guacamaya, que exhibieron presuntos vínculos entre Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado como líder del grupo criminal La Barredora, y el propio López Hernández. Pese a tener conocimiento de esa relación, el ahora senador lo nombró como su secretario de Seguridad, lo que —según dijo— muestra un patrón de encubrimiento e impunidad.
Pérez-Jaén acusó al contralor interno del Senado de mantener una “íntima amistad” con López Hernández y le exigió actuar con independencia. También exhortó a la presidenta Claudia Sheinbaum a romper el “manto de protección política” sobre el exsecretario de Gobernación y permitir que la FGR actúe.
“Aunque la Fiscalía es un órgano constitucional autónomo, en la práctica es un apéndice del Ejecutivo. Si la presidenta quiere que la ley se cumpla, debe instruir a la Fiscalía a investigar”, declaró.
La legisladora concluyó asegurando que continuará presentando denuncias “donde sea necesario”, y subrayó que “no se puede permitir que un funcionario se ampare en la protección presidencial para evadir la justicia”.
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