El pleno de la Cámara de Diputados avaló la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, que castiga hasta con 25 años de prisión dicho delito.
Por unanimidad, el pleno de San Lázaro avaló el dictamen, con 456 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
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Al ser una sesión presencial, 24 diputados morenistas faltaron a la sesión, 6 del PAN, 3 del Partido Verde Ecologista de México, 7 legisladores del Partido del Trabajo (PT), 3 del PRI y un legislador de Movimiento Ciudadano, dando un total de 44 legisladores faltistas.
El dictamen destaca diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Durante la discusión, la oposición aseguró que es una ley hecha con “prisa”, con diversos errores, sin estrategia de prevención y sin presupuesto asignado para combatir la extorsión y sin mecanismos claros para poder garantizar una evaluación en la materia. En contraste, Morena afirmó que se le dará dientes al Estado Mexicano mediante los tres órdenes de gobierno para combatir a dicho delito.
El diputado morenista Julio César Moreno Rivera, al fundamentar la reforma externó que es una herramienta “moderna” que busca darle al Estado mexicano la fuerza jurídica para prevenir, investigar y sancionar este delito en todo el país.
“La extorsión no conoce fronteras, porque hasta hoy cada estado de la República tenía su propia definición y su propio castigo, porque generaba vacíos, contradicciones y hasta impunidad”, subrayó.
Señalan vacíos en la Ley General de Extorsión
Recordó que en algunos estados se castigaba con fuerza este delito. En otros eran criterios diversos, pero los delincuentes se aprovechaban de estas diferencias para poder delinquir libremente. En ese sentido, la Ley General nace para tener una sola definición, un solo tipo penal y una fuerza de “persecución” en los tres niveles de gobierno.
“Que el Estado mexicano, actúe como un solo frente. Que la policía municipal, la fiscalía estatal, la autoridad federal trabajen juntas con la misma información y las mismas reglas. Porque cuando la ley se aplica de forma distinta, el crimen se aprovecha, pero cuando el país se coordina, el crimen retrocede“.
Reiteró que la ley pone al centro a la víctima y no al delincuente y se investigará a la extorsión de oficio.
“Sabemos que muchas víctimas no denuncian por miedo, por desconfianza o porque temen a las represalias. Y con esta ley el Estado toma la rectoría. Si hay indicios de extorsión se investiga, se persigue y se castiga”, dijo.
El diputado del PRI, César Alejandro Domínguez Domínguez, advirtió que la reforma señala el tener una estrategia contra la extorsión, pero el dictamen no establece cómo se llevará a cabo.
“No se establece en los transitorios cuándo se debe presentar esta estrategia en materia de extorsión y qué mecanismos va a evaluar esta estrategia en materia de extorsión. Por lo tanto, cómo luego se dice en los dichos y refranes populares, orden dada, no supervisada, se la lleva la fregada, por no decir otra palabra”.
Advierten nulidad a la hora de evaluar acciones
El legislador detalló que no existen mecanismos claros para poder garantizar una evaluación puntual de lo que está sucediendo con el delito de extorsión y con la prevención.
“Hacen una adecuación en el Código Nacional de Procedimientos Penales al hablar del juez o la juez de control y hablan, en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, de la persona juzgadora. Entonces, no hay una armonización completa en esta legislación y, por lo tanto, resulta innecesaria esa reforma que se está planteando en la materia”, afirmó.
Además, se establece como obligación que serán las unidades antisecuestro quienes tengan la obligación de llevar a cabo la investigación de este tipo de delitos, sin embargo, en la ley de la materia, en la ley del combate al secuestro no se otorga esta facultad a nadie, es decir, no se armoniza esta legislación y tuvieron que haber armonizado la ley general de combate al secuestro para otorgar esa facultad.
Cuartoscuro |
Señalan trabajo coordinado contra la extorsión
Por su parte, el diputado panista José Guillermo Anaya Llamas resaltó que la Ley General obliga y faculta a los tres órdenes de gobierno a actuar de manera coordinada. En ese sentido, la reforma habla de implementar medios tecnológicos y de inteligencia, el artículo 30 detalla las medidas de protección, traslado y resguardo de las víctimas de los delitos.
“La coordinación requiere presupuesto, a coordinación requiere inteligencia, capacitación y preparación de los municipios, de los estados y de la federación, cuando estamos hablando de que no habrá presupuesto para implementar estas medidas, pues estamos mandando a los policías y a todo el sistema judicial a una guerra sin fusil”, señaló.
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Reiteró que los grupos parlamentarios están dando un paso al frente para combatir la extorsión sin presupuesto, lo cual expresó el legislador es un paso en “falso”.
“El artículo noveno transitorio de esta ley dice textualmente que no habrá recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal del 2026 para la extorsión. Luego entonces, ¿cómo vamos a pedirle a los estados que implementen estas acciones que acabo de enumerar sin ningún recurso adicional? Porque miren, en materia de seguridad hay dos fondos específicos, el 33 y el 36, y hay un fondo que es el FASP, que quiere decir que va directamente a los estados y a los municipios para brindar seguridad”, agregó.
