Por los presuntos delitos como cohecho, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal, enriquecimiento oculto y ocultamiento de conflicto de interés, la exdiputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén, interpuso una denuncia en contra del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, ante la contraloría del Senado de la República.
De acuerdo con la exdiputada, la denuncia se presenta por inconsistencias y presuntas irregularidades graves en las declaraciones patrimoniales y fiscales del senador López Hernández.
“Los hechos denunciados derivan de investigaciones periodísticas y documentos públicos que evidencian ingresos no declarados por $79 millones de pesos, y algunos de ellos presuntamente provenientes de empresas privadas que habrían sido contratistas del Gobierno de Tabasco siendo gobernador de la entidad”, refirió.
Buscan iniciar investigación sobre “evolución patrimonial” de Adán Augusto
Con este recurso, lo que busca la panista es iniciar una investigación integral sobre la evolución patrimonial de López Hernández, el análisis de sus declaraciones fiscales y patrimoniales de los ejercicios 2023 a 2025, así como la intervención de la UIF, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Fiscalía General de la República (FGR).
También te puede interesar: Sheinbaum indica que acuerdo con aseguradoras no es condonación de impuestos
Solicita la intervención del SAT a fin de que acredite la existencia real y comprobable de cada operación que declaró en sus obligaciones fiscales y dar vista al Ministerio Público ya que existen indicios suficientes para la apertura de una investigación formal, a fin de determinar la existencia de responsabilidad penal por la comisión de delitos fiscales o de corrupción.
La exdiputada María Elena Pérez-Jaén enfatizó que este caso representa un ejemplo emblemático de cómo la corrupción y la simulación patrimonial afectan la credibilidad institucional, y reiteró que “ningún servidor público, por poderoso que sea, puede estar por encima de la ley”.
Exhortó a la Contraloría Interna del Senado de la República a actuar con imparcialidad, conforme a los principios de legalidad y responsabilidad administrativa.
