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La violencia que se vive en casi todo el país tiene un punto muy vulnerable: los jóvenes, a quienes los reclutan los grupos criminales al utilizar diversas formas para captarlos, como en Guanajuato.

En el caso de esta entidad, jóvenes católicos que participan en grupos pastorales han denunciado que son acosados y amenazados para ser enlistados por organizaciones delincuenciales, por lo que han tenido que alterar sus horarios de actividades en las iglesias.

En el estado, el enrolamiento obligado no está tipificado en el Código Penal del estado, lo que ha impulsado una iniciativa para tipificar este delito.

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Manifestó que este cambio a las leyes busca castigar “el hecho de involucrar a los menores o corromperlos y sancionar al adulto que lo haga”.

Recordó que ha habido “ataques a jóvenes, principalmente en comunidades o en colonias de municipios que, o están alrededor de actividades en los templos o alrededor de las fiestas y festividades (…) ha habido coincidencia en por lo menos cuatro hechos”.

¿Por qué los buscan en Guanajuato?

Alcántar Rojas detalló que Guanajuato es un estado donde 23 por ciento de la población es menor de 18 años y lo que se ha detectado es que el crimen organizado pretende involucrar a los “adolescentes en narcomenudeo, dada la calidad que tienen de ser inimputables”.

El legislador detalló que, hasta el momento, hay aproximadamente 370 casos, en Guanajuato, en los que menores de 18 años, están involucrados en actividades delictivas; es decir, que todavía están en el rango de niños y adolescentes.

En octubre pasado, el obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, denunció que los jóvenes católicos se enfrentan al reclutamiento forzado, a la pérdida de amistades y a la imposibilidad de realizar reuniones o actividades de la Iglesia por las tardes-noches, como acostumbraban, ante el riesgo que esto implica.

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Señaló que estos amagos han impactado directamente en la vida parroquial y en la participación dentro de los grupos pastorales.

Indicó que los municipios donde se ha detectado más esta situación son Jaral del Progreso, Cortázar, Valle de Santiago y Pénjamo, aunque la problemática también se extiende a municipios vecinos.

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