Ser un niño o un adolescente en México no parece ser sencillo. El 38 por ciento de las personas de entre 0 y 17 años viven en situación de pobreza. Tienen más probabilidades de ser vulnerados y las políticas públicas pocas veces están dirigidas a ellos.
En medio de eso, está el problema del crimen organizado que se acerca cada vez más a las infancias. La pobreza es uno de los motivos más recurrentes para el reclutamiento de niños y adolescentes, debido a que tienen escasas opciones para remediar esa situación.
En los últimos días se han comprobado casos en los que menores de 12 años han sido reclutados por grupos del crimen organizado. Los niños terminan siendo parte vigilante de una estructura del crimen organizado como observadores al inicio y después con roles más vinculantes conforme pasa el tiempo.
El último caso es el del llamado Niño Sicario, en Tabasco, donde un menor que ya fue vinculado a proceso y permanecerá en el tutelar de menores después de ser detenido junto a una célula operativa de un cártel.
La duda genuina aquí es, después de varias denuncias, de un patrón que se ha repetido varias veces, ¿qué estamos haciendo para evitar el reclutamiento, para contener a las infancias?
Desde la sociedad civil tenemos una lluvia de videos alertando lo peligroso que pueden llegar a ser las redes sociales, la denuncia de modos de trabajo de estos grupos delictivos y otro poco más.
Pero, hasta ahora no tenemos una ruta clara para remediar el problema, si acaso contener algunas partes. Y aquí la duda genuina, ¿tenemos un plan que los procure?, ¿quién se hace cargo de las políticas públicas que los incluyan?
Pareciera ser que el problema es que no los contamos como una población que tiene una dinámica y necesidades específicas, sino como un anexo en las familias o en los padres que sí tienen una credencial para votar.
Porque de otro modo ya tendríamos la respuesta a cómo tratamos la necesidad de espacios públicos, un sistema de cuidados que verdaderamente los involucre no solo como receptores de los servicios, sino que resuelva parte de sus necesidades.
Y después está el tema de los sistemas DIF que son un complejo de la burocracia mexicana que lidia entre la sobrecarga laboral y la vocación que nunca alcanza a ser suficiente.
Más, si a veces se destina parte del presupuesto a una presentación musical de quienes están a cargo, como fue el caso de la hermana de la gobernadora Layda Sansores en Campeche.
El resto del tiempo, cuando no hay presentaciones de informes los sistemas se concentran en atender a un grupo de infancias más vulnerables que el resto en un sistema lento que termina muchas veces por dejar a las infancias en un limbo prolongado.
A veces pensar en esas dependencias es ver repetida la dinámica que hay en Protección Civil, la selección de personal que no siempre tiene la capacidad suficiente, pero hay que cumplir con ciertas cuotas políticas. Tenemos poco tiempo para evitar que llegue el desastre que nos haga cuestionarnos el sistema.
@Micmoya
