Por irregularidades en contratos de obra pública, pagos desfasados, pagos a personas fallecidas y falta de entrega de recursos de becas, el gobierno de Chiapas, tiene 678.5 millones de pesos por aclarar, por lo que se presume un posible desfalco al erario durante el último año de la administración de Rutilio Escandón, lo que convierte a esta entidad con el mayor monto de recursos por aclarar, sólo después de Veracruz.
De acuerdo con la segunda entrega de informes de la revisión a la Cuenta Pública 2024 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los recursos que no han sido solventados, debieron destinarse a programas de salud pública, al pago de maestros, programas de agua potable y obra pública.
En la Auditoría De Cumplimiento: 2024-A-07000-19-0575-2025 realizada al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Chiapas tiene un presunto desfalco por 92.8 millones de pesos que corresponden a irregularidades registradas en contratos de obra pública.
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“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 92,841,188.60 pesos (noventa y dos millones ochocientos cuarenta y un mil ciento ochenta y ocho pesos 60/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación”, refiere el dictamen.
Gobierno de Chiapas infringió la normativa
Además señala que “en el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chiapas infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación, ya que mediante las nóminas federales y estatales del fondo, realizó pagos después de la fecha de la baja de los trabajadores por 3.9 millones de pesos y pagos a trabajadores identificados como decesos durante el ejercicio fiscal 2024 por 426 mil pesos.
Además, mediante los recursos del subfondo “Gastos de Operación”, realizó pagos
por 54 millones de pesos por concepto de becas para los niveles de primaria, secundaria
general y secundaria técnica, de los cuales no se acreditó la entrega de los recursos a los
beneficiarios, de acuerdo con las solicitudes de pago autorizadas a cargo de la Coordinación de Programas Especiales y Compensatorios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 58.3 millones de pesos, que representó el 0.2% de la muestra auditada. “Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente”.
En el ejercicio de los recursos, el Colegio de Bachilleres de Chiapas infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del Anexo de Ejecución celebrado entre el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno de Chiapas y el Colegio de Bachilleres de Chiapas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 96.6 millones de pesos, que representó el 2.8% de la muestra auditada.
Rutilio Escandón, cónsul general de México, en Miami
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El informe de la ASF también señala que “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 13 millones de pesos, más las cargas financieras generadas desde su disposición hasta su reintegro a la Hacienda Pública Federal (TESOFE), por realizar pagos a 38 trabajadores de los que no se comprobó su asistencia laboral en el ejercicio fiscal 2024, de los cuales de 26 no se presentaron los contratos o nombramientos, en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Al término de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum, designó a Rutilio Escandón como cónsul general de México, en Miami, Estados Unidos.
