Las cifras oficiales de disminución en los delitos en los últimos reportes semanales todavía no alcanzan a influir de manera decisiva en las percepciones de la sociedad sobre la inseguridad. Los delitos han bajado en las calles pero el 63 por ciento de los ciudadanos se siente temeroso.
El problema no es de cifras irreales -algo difícil de manipular- sino de la falta de un compromiso o acuerdo de las autoridades encargadas de la seguridad con los medios de comunicación que cotidianamente informan de los ambientes delictivos, sin que, por supuesto, se piense en llegar a situaciones de censura.
No se sabe explicar a fondo que han bajado los delitos del fuero común que tienen que ver con las propiedades y seguridad física de los ciudadanos, en tanto que los medios potencian masacres, ataques, secuestro, desaparición y actividades delictivas consideradas como de fuero federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum tomó posesión con una percepción de inseguridad de 58.6 por ciento y la encuesta del Inegi difundida ayer jueves 23 de octubre señala un 63 por ciento, apenas dos décimas menos al 63.2 por ciento de la encuesta de hace tres meses.
Las autoridades deben comenzar a pensar ya en otro tipo más preciso de los mecanismos tradicionales de comunicación que se centran sólo en la presentación exhaustiva ya aglomerada de estadísticas cada martes en La Mañanera ni de la entrega textual de encuestas oficiales.
Los medios de comunicación tienen mucho que colaborar en labores para cambiar la percepción de seguridad sin esconder la información, sino basados en encontrar nuevas fórmulas de que los medios se involucren más allá de los hechos delictivos en bruto y de la interpretación política que cada uno pueda o quiera hacer.
Estamos hablando de percepción y la comunicación política es una manera de desdramatizar los hechos delictivos.
Zona Zero
Las fuerzas de seguridad civiles y militares, los gobiernos estatales y municipales, el gabinete de seguridad pública y los organismos empresariales, debieron, desde cuándo, haber buscado un acuerdo de entendimiento para que la información sobre hechos delictivos no se agoten la espectacularidad de la nota roja o amarilla y que las propias autoridades están en permanente comunicación con los medios para ayudarles a entender la lógica de la delincuencia. No se trata de firmar acuerdos corporativos, sino de políticas de comunicación-información.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh
