La Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló anomalías financieras en el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que se encargaba de la administración y disciplina del anterior Poder Judicial, por un monto de 272.4 millones de pesos.
ASF detecta irregularidades desde administración de Norma Piña
También te puede interesar: Conade tiene que aclarar el destino de más de 2 mdp ante ASF
De acuerdo con la segunda entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2024, se detectaron daños al erario que derivaron en 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, que ahora deberán distanciarse por el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) y, en su caso, por el Tribunal de Disciplina Judicial.
Las anomalías se presentaron cuando Norma Piña, expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ejerció también el cargo de presidenta de la Judicatura.
Una de las mayores observaciones resultó por 92.8 millones de pesos por copias y hojas digitalizadas fantasmas, ya que no se comprobó que el servicio fue otorgado.
Cuartoscuro
Probable daño a la Hacienda Federal
“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio del entonces Consejo de la Judicatura Federal por un monto de 92,861,153.76 pesos (noventa y dos millones ochocientos sesenta y un mil ciento cincuenta y tres pesos 76/100 M.N.), por pagos realizados sin contar con el reporte de lecturas electrónicas del
consumo inicial y final por cada uno de los equipos previamente revisado y avalado por el área administradora del contrato número CON/DGRM/DCS/107/2019 de los servicios administrados de impresión, digitalización y copiado del periodo de enero a septiembre del ejercicio fiscal 2024″.
La Auditoría resalta que no hubo evidencia “documental especificando la razón por la cual el proveedor realizó levantamientos manuales (Captura) y el motivo de la existencia de equipos que no estaban registrados en la herramienta MICAS, en incumplimiento del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa”.
Otro de los presuntos daños a la Hacienda Pública fue por 38.8 millones de pesos, derivado de que “pagos realizados sin contar con los sellos y firmas del personal de la Dirección de Servicios Informáticos del entonces Consejo de la Judicatura Federal en las Cédulas de Servicio de Mantenimiento Correctivo de 119 tickets de la partida 1 y la partida 3, los cuales eran requisitos para acreditar la prestación del servicio y por firmas que no corresponden al personal que reportó el incidente, relacionados con el objeto del contrato número CON/DGRM/DCS/035/2024, en incumplimiento del Acuerdo General del Pleno, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento”.
Más anomalías detectadas por Auditoría
A su vez, la ASF detectó 39.4 millones de pesos de presuntas anomalías por no “proporcionar la totalidad de la documentación que acredite la prestación del servicio de limpieza, de conformidad con el contrato número CON/DGRM/DCS/104/2023 y su anexo técnico, como controles de asistencia, nómina, recibos timbrados u otros documentos que reflejen el sueldo diario, quincenal o mensual de cada uno de los trabajadores contratados, así como con los comprobantes de pago correspondientes a dichos trabajadores, los cuales se establecieron como entregables periódicos para acreditar la prestación de los servicios en 51 inmuebles ubicados en Acapulco, Ciudad Juárez, Cuernavaca, Durango, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tijuana, Tlaxcala, Villahermosa y Zacatecas”.
